Radiografía a los “mandamases” del mundo del mar en medio de nuevas polémicas por platas políticas
El radio de influjo de las empresas que se reparten el patrimonio marítimo de Chile se habría “congelado” tras los nuevos escándalos de tráfico de influencias y boletas falsas por parte de Asipes, aunque los correos a Jacqueline Van Rysselberghe volvieron a poner la polémica al tope de la agenda. Algunos que conocen cómo opera la industria, afirman que cada compañía mantiene “su voz de mando” enraizada en el lugar donde opera, aunque el negocio no goce de la gloria económica de antaño. Un importante empresario del rubro cuenta cómo los más astutos aseguraban su cuota de influencia, apostando a ganador, al pagar solo la cuenta de los gastos de campaña del político que resultara vencedor en las elecciones.
El último escándalo sobre el presunto tráfico de influencias que salpica a la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, de la UDI, por mantener un intercambio de correos con el entonces presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), Luis Felipe Moncada, vuelve a poner en aprietos a esa industria, la que desde hace tiempo viene dando la pelea para que no cambien, y menos anulen, la Ley de Pesca.
Asipes venía dando de que hablar desde que se destapó el caso Corpesca y recientemente se tomó la agenda pública al conocerse que mantenía estrechos vínculos con la esposa del subsecretario de Pesca, Raúl Súnico, quien renunció a su cargo y fue suspendido de su militancia socialista, tras salir a la luz que Marcela Viveros había emitido 34 boletas, por un monto de 1 millón de pesos cada una, a nombre de Asipes.
En el caso de Van Rysselberghe, la parlamentaria reconoció el intercambio de correos con el entonces titular de los industriales pesqueros de la zona centro sur, pero descartó influencia alguna en su gestión.
Aun así, el intercambio “epistolar” generó airadas críticas desde la Nueva Mayoría, y la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados se movilizó, acordando enviar un oficio al ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, para que estudie una eventual cancelación de la personalidad jurídica de Asipes, asociación que reúne a nueve importantes empresas pesqueras, entre las que figuran Blumar Seafoods, Camanchaca S.A., Alimentos Marinos, FoodCorp, Landes, Bío Bío, Cannex, Alimentos Mar Profundo y Bahía Coronel.
La solicitud, cuentan desde el Ministerio de Economía, no ha llegado y aclaran que toda anulación de personalidad jurídica requiere de un procedimiento administrativo.
La críticas más duras han sido hasta ahora contra el Grupo Angelini, controlador de Corpesca, que entre cosa y cosa, boleta y boleta, amenaza con quitarle el título a SQM como la empresa que más contribuciones irregulares a la política efectuó.
Otro escándalo que puso a la industria nuevamente en el tapete fue la arista Fipes y el rol del senador DC Patricio Walker. El legislador fue sobreseído por la Corte de Apelaciones de Coyhaique. El presidente de la Federación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Fenaspar), Hernán Cortés, anunció que recurrirán de queja ante la Corte Suprema, debido a que las indagatorias por posible cohecho en la Ley de Pesca aún son incipientes y acusó que al parecer existe «una mano negra».
Las cuotas de captura asignadas por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) para este año, confirman nuevamente cuáles son los grupos económicos que detentan el patrimonio pesquero del país. Es información ya conocida, pero lo curioso es que los mismos nombres se siguen repitiendo.
Entre los “zares” del jurel figura la empresa Orizon, ligada al grupo Angelini y Lecaros Menéndez; Blumar de la familia Sarquis y del grupo Yaconi-Santa Cruz; Camanchaca Pesca Sur, vinculada a la familia Fernández Valdés y Stengel; Corpesca, del grupo Angelini, y Alimentos Marinos, polo de inversiones pesquero de la familia Izquierdo Menéndez (ver recuadro).
Mientras que, en la extracción de la anchoveta, Corpesca lidera las cuotas de captura con 501.421 toneladas, seguido por Camanchaca (124.530 toneladas) y Orizon (12.763 toneladas). Respecto a las cuotas de captura en lo que respecta a la sardina común y merluza, Blumar, Orizon y Camanchaca vuelven a ocupar las primeras posiciones, pero aparece un nuevo actor. Se trata de Emdepes, que cuadruplica la cuota asignada en la extracción de merluza de Orizon, su más cercano competidor, con 20 mil toneladas designadas.
El país, por lo tanto, está dividido en tres grandes regiones pesqueras. En el norte, conviven Corpesca con Camanchaca. El centro sur está liderado por las empresas pesqueras asociadas a Asipes, y el sur austral es controlado por Emdepes, empresa del Grupo Nissui, y la omnipresente Orizon, del grupo Angelini.
“Cada uno de estos grupos tiene gran influencia en sus zonas respectivas, por razones históricas… Son empresas que se formaron allá, tienen su sede emplazada en el lugar y dan empleo”, cuenta un importante miembro de la industria pesquera.
Puertas adentro, dueños de estos imperios pesqueros reconocen que los empresarios del rubro intentaron influenciar a los políticos, dándoles dinero a candidatos a diputados o senadores por su zona, ya que era una práctica habitual. La diferencia es que, si antes esto era secreto a voces, ahora hay boletas y correos que lo confirman.
Un importante empresario del rubro cuenta cómo los más astutos aseguraban su cuota de influencia, apostando a ganador, al pagar solo la cuenta de los gastos de campaña del político que resultara vencedor en las elecciones.
“Hoy eso se acabó y, mirado después, uno siempre dice ‘esto fue mucho’. Pero solo se piensa ahora, porque en el minuto era lo normal”, comenta un dirigente del gremio pesquero.
Si bien las cuotas de captura de la Subpesca muestran que el patrimonio pesquero está vinculado a las ya famosas siete importantes familias –Angelini, Cifuentes, Santa Cruz, Izquierdo, Jiménez, Sarquis y Stengel–, la pesca industrial hace sus descargos.
Apoyándose en datos entregados por Sernapesca, indican que los industriales solo representan el 39,1% de los desembarques oficiales, con 830.758 toneladas. Mientras que la mayoría de los desembarcos, el 60,9%, corresponde a la actividad de los pescadores artesanales, en su mayoría “lancheros”, con 1.295.984 toneladas extraídas, de un total global de 2.126.742 toneladas desembarcadas.
Además apuntan a que las empresas medianas y pequeñas, accionistas, corredoras, AFP y bancos están entre los actores que también se reparten las utilidades de la industria.
Las compañías punteras siguen siendo Corpesca, Blumar, Alimar, Orizon y Pesquera Bío Bío, las que extrajeron durante 2015 entre 15.000 y 121.000 toneladas.
“Estas compañías solo representan el 15,4% de la extracción total registrada (39,1%)”, enfatizan desde Sonapesca, al realizar un cruce de información entre los informes de Sernapesca y las memorias de las compañías asociadas al gremio pesquero.
Registros del Servicio de Impuestos Internos (SII) de 2014 revelan que el sector está compuesto por 2.351 empresas. La mayoría guarda con reserva sus balances, pero aquellas que están en la Bolsa dan a conocer sus “poco prometedores” estados financieros.
Entre enero y septiembre de 2016, Orizon y Corpesca –en el segmento pesca– arrojaron pérdidas netas por US$ 1.065.000 y US$ 48.309.000, respectivamente. La única empresa que mostró números azules fue Blumar; logró recaudar una ganancia de US$ 8.399.000, lo que representa un margen de utilidad de 7,9%, por debajo de lo obtenido en 2015 (en este período obtuvo casi 13 millones de dólares)”, detallan desde la industria pesquera.
Pese a estos apretados resultados, el sector se aferra en defender con uñas y dientes sus cuotas de producción y la actual Ley de Pesca, conocida también como Ley Longueira, cuya modificación presentó hace algunos meses el diputado Hugo Gutiérrez. Su anulación traería la reasignación de cuotas de captura y la eliminación de la pesca de arrastre que, a juicio de diversos parlamentarios de la Nueva Mayoría, perjudica inmensamente a los pescadores artesanales.
“Hay un cambio… Hoy es mucho más difícil contactar a los políticos, porque estos se cuidan mucho más, así como también lo hacen los gremios. Pero el péndulo se ha ido para el otro lado, porque ahora los políticos reciben a los trabajadores y no a los empresarios… Quedas minusválido, porque te reduce a una comunicación escrita, formal y después te condenan por estar proponiendo cosas. Hay un temor de poder conversar temas legislativos”, reconoce una alta fuente del sector empresarial pesquero.
