Hasta ahora Copesa –junto a El Mercurio– ha recibido la mayor tajada de la publicidad estatal
La querella de Bachelet contra Qué Pasa sacó a la luz pública una pugna de poder desatada el año pasado luego del reportaje de la revista que destapó el Caso Caval. Actualmente el empresario está en medio de una pelea sin cuartel con el regulador bancario que le aplicó la multa más grande de la historia por violar límites de créditos con CorpBanca a las Cascadas de Julio Ponce; fue denunciado por participar de la colusión entre supermercados con SMU; y Jorge Andrés Saleh, hijo del controlador, está querellado por evadir impuestos en la operación Ripley. Históricamente Saieh ha sido cercano a la Presidenta y la Nueva Mayoría, a pesar de sus simpatías UDI. Sus interlocutores con el mundo concertacionista siempre han sido Enrique Correa y el otrora poderoso Darío Calderón.
Una semana antes de que la revista Qué Pasa publicara su golpe periodístico del año, en febrero de 2015 –“Un negocio Caval”–, Álvaro Saieh se preocupó de llamar a Andrónico Luksic para advertirle del artículo y decirle que él no sería mencionado.
Quienes conocen de esa conversación dicen que Luksic –vicepresidente del Banco de Chile– no dimensionó lo que le venía encima. Saieh le habría dicho a fines de enero que él mismo había preferido atajar el tema para no perjudicar a la Presidenta Michelle Bachelet y al empresario.
Como escribió la periodista Sandra Radic en este medio en su momento, “más allá de las verdaderas intenciones de Saieh, los hechos que sucedieron a partir del mentado reportaje indican que Copesa –grupo de medios de comunicación de este empresario– tomó la decisión de seguir la veta de oro que le dio Sergio Bustos con su demanda laboral contra Caval, aunque este caso le pegara a la Presidenta, a su familia y círculo más cercano y, de paso, le diera un zarpazo al grupo económico más rico de Chile».

Y añade Radic en su nota: «Seis días después de esa conversación telefónica, el 6 de febrero, la revista publicó el artículo que destruiría la confianza pública en la figura de la Presidenta Michelle Bachelet y que encauzaría el enojo popular hacia Natalia Compagnon, Sebastián Dávalos y Andrónico Luksic”.
En total fueron 5 artículos que ocuparon las portadas de Qué Pasa. El primero es su golpe a la cátedra: “El millonario negocio inmobiliario de la nuera de Bachelet”; a la semana siguiente vendría “La sombra del hijo”; casi al final del mes “Banco de preocupaciones”; “La otra pasada de Caval” y, luego, “La desconocida asesoría de Natalia Compagnon al grupo Luksic”.
Esa serie de reportajes fueron un misil debajo la línea de flotación de un Gobierno que estaba ya debilitado e hirió para siempre el atributo más valioso de Bachelet: su probidad.
En el gobierno no lo vieron como un caso aislado, si no como una ofensiva del Grupo Saieh para desestabilizarlo.
La decisión de la Presidenta de presentar, como persona natural, una querella por injurias contra la revista Qué Pasa, por haber publicado una nota con las transcripciones de algunas conversaciones de Juan Díaz, ex operador político de la UDI vinculado al caso Caval, donde involucraba a la Mandataria en los beneficios del negocio inmobiliario, es la gota que desbordó el vaso y ahora tiene al poderoso empresario en una batalla sin precedentes en democracia con la Presidenta de la República.
Ahora lo que hizo la querella es sacar a la luz pública una pugna de poder en varios frentes y que se desató el año pasado, luego del reportaje original que hizo Qué Pasa.
Actualmente, Saieh está en medio de una pelea sin cuartel con el regulador bancario que le aplicó la multa más grande de la historia por violar límites de créditos con CorpBanca a las Cascadas de Julio Ponce; fue denunciado por participar de la colusión entre supermercados con SMU; y Jorge Andrés Saleh, hijo del controlador, está querellado por evadir impuestos en la operación Ripley.
No siempre el Gobierno y los medios de Álvaro Saieh han estado enfrentados como ahora a propósito de la querella de la Presidenta. Durante años Jorge Burgos, entonces diputado y ahora titular de Interior, estuvo entre los elegidos del comité editorial de La Tercera para reunirse los viernes por la mañana en el Hotel Hyatt.
En esos mismos desayunos se sumaba el abogado Darío Calderón, articulador del traspaso del diario desde la familia Picó Cañas a destacados miembros de la colonia árabe a fines de los 80.
Además cabe recordar que Copesa y El Mercurio siguen recibiendo la mayor tajada del avisaje estatal.
A nivel personal, históricamente el empresario ha sido cercano a la Presidenta y la Nueva Mayoría, a pesar de sus conocidas simpatías hacia la UDI.
Sus interlocutores con el mundo concertacionista siempre han sido Calderón y Enrique Correa. Calderón es cercano al ministro Burgos y a varios personajes influyentes de la Concertación y la Nueva Mayoría.
Correa ha sido asesor por años de Saieh –formal e informalmente–. Asimismo, Imaginacción, su empresa de lobby y comunicación estratégica, lleva las cuentas de casi todas las empresas del grupo, incluyendo SMU y CorpBanca hasta antes que lo comprara Itaú.
Calderón y Correa son además los que vinculan a Saieh con otro empresario polémico: Julio Ponce.
Imaginacción tuvo por años la cuenta de SQM y Calderón es amigo y antiguo asesor de Ponce Lerou.
La relación de Saieh con Ponce está en el corazón de uno de los frentes más complicados que tiene abierto el empresario con el actual gobierno.
La noche del lunes 4 de enero, sorpresivamente CorpBanca informó públicamente sobre una multa de US$ 30 millones de parte de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif) por violar el límite de créditos individual con la entrega de préstamos a las sociedades Cascada que controla SQM. Es la multa más grande en la historia de la banca chilena.
La doble militancia de Rafael Guilisasti, como director del banco de Álvaro Saieh y presidente de las famosas Cascadas, motivó al regulador bancario a fiscalizar los créditos por US$154 millones que en septiembre pasado suscribieron las partes. Una operación que alivió la situación financiera de Julio Ponce, pero que derivó en una sanción que tiene en jaque a CorpBanca. Los préstamos violan norma que establece que un banco no puede conceder créditos, directa o indirectamente, a una misma persona natural o jurídica, por una suma que exceda del 10% de su patrimonio efectivo. CorpBanca apuesta a que revertirá la multa y actualmente el caso está en tribunales, donde ambas partes han sido particularmente agresivas en sus argumentos.
Cercanos al empresario están convencidos de que la arremetida de Eric Parrado, titular de la Sbif, fue a pedido de La Moneda y que es una reacción a la cobertura de Qué Pasa y sus otros medios al Caso Caval y el de financiamiento irregular a la política, donde la investigación ha llegado al corazón de La Moneda.
Fuentes que conocen la interna de la disputa, aseguran que Saieh buscó ayuda en el Gobierno y en el Congreso para que frenaran a Parrado, pero sin resultados. El propio Darío Calderón habría operado y buscado apoyo con algunos de sus contactos en el Congreso y el propio Burgos. Hasta el momento esas presiones no han funcionado y Parrado y su equipo siguen adelante con el caso.
Cuando el estallido del la pelea entre la Sbif y CorpBanca aún generaba esquirlas, Saieh recibió la segunda bofetada de la semana. El miércoles 6 de enero por la tarde, SMU, el holding de supermercados que lidera, era denunciado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) como parte de un cartel de supermercados junto a Walmart y Cencosud, corriendo el riesgo ahora de recibir una multa de US$ 23 millones.
Según la Fiscalía, SMU, Cencosud y Walmart se coordinaban con proveedores para fijar precios. El órganismo persecutor solicitó al TDLC que aplique a cada cadena la multa máxima contemplada en la ley para casos de colusión: US$ 22,9 millones.
Algunos de los correos electrónicos –-no solo los de SMU– son lapidarios para las cadenas. En su contestación ante el TDLC, SMU rechazó «categóricamente haber efectuado cualquier práctica colusiva o que atente con la libre competencia», como acusa el requerimiento presentado por la FNE.
Una acusación tan grave –que surge de una investigación en que la FNE contó con amplias facultades de investigación durante casi 5 años– no es avalada por ningún antecedente sólido y coherente, ni respaldada en fundamentos económicos del comportamiento del mercado y SMU. La acusación solo perjudica profundamente a la compañía en términos económicos y reputacionales», indica la empresa.
Nuevamente, de acuerdo a fuentes cercanas a los Saieh, revelan que al interior del grupo están convencidos de que haber incluido a SMU en el caso es parte de una campaña orquestada desde La Moneda en represalia por la cobertura del Caso Caval y los del financiamiento irregular de la campaña de Bachelet.
El tercer frente, y el que amenaza de manera más personal a Saieh, es el con el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Este caso lleva más de un año, pero se aceleró este verano, también en enero, cuando se supo de la querella del SII contra el hijo del líder del grupo, Jorge Andrés Saieh, presidente de Copesa, y Pilar Dañobeitía, vicepresidenta de SMU, además del socio controlador de Ripley, Alberto Calderón. En este caso, el SII denuncia evasión fiscal de casi US$ 15 millones por parte de Saieh.
La querella se había presentado en diciembre de 2015, pero no se supo hasta la primera semana de enero de este año.
Incluyendo el US$ 1,8 millón con que el 10 de diciembre de 2015 el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) multó a SMU por no cumplir las condiciones que le impuso tras la fusión de 2011 con Supermercados del Sur (SDS), este año Saieh enfrentó en menos de un mes sanciones o reclamos por US$ 70 millones por parte de diferentes reguladores.
Pero es esta última causa, la con el SII, la jugada que más complica al grupo, pues lo involucra en forma personal, con el actual presidente de CorpBanca y la vicepresidenta de SMU, como querellados por delitos tributarios.
Como escribió el periodista Hector Cárcamo en este medio en enero, Álvaro Saieh, que no figura como querellado en la causa tributaria, fue el gestor principal de la operación con Alberto Calderón, dueño de Ripley. La causa se conoció en mayo de 2014, cuando El Mercurio reveló que el SII imputaba a los hermanos Calderón –en ese momento incluía a Marcelo, hoy fallecido– la evasión de US$ 22,3 millones por una serie de operaciones previas a la venta del 20% de las acciones por parte de Marcelo a Saieh. Al día siguiente, los abogados de Alberto Calderón descartaron cualquier irregularidad por parte de su cliente, el que hoy es querellado.
Este medio reveló que la operación central, que era parte de este entramado jurídico-tributario, incluía al Grupo Saieh.
Más tarde, se develó la trama de transacciones realizadas por los Calderón y el grupo Saieh, que fueron las que finalmente derivaron en la querella del SII de diciembre pasado. Junto con ello, ya se sabía que Saieh padre e hijo, además de Dañobeitía, habían declarado ante la PDI, por orden del fiscal Carlos Gajardo, el mismo que ahora se hará cargo de la querella del SII.
La figura usada por los Calderón para la evasión que acusa el Servicio de Impuestos Internos es compleja. Los hermanos Calderón tenían el 80% de las acciones de Ripley hacia fines de 2008. Marcelo, a la sazón controlador de la multitienda Johnson’s, se vio apretado financieramente y decidió vender parte de sus acciones de Ripley. Dado que junto a su hermano tenían ‘encriptada’ la propiedad en Inversiones R, debieron separarla y traspasaron las acciones a otra sociedad, la R II, la cual luego es fusionada con R III. Todo esto a fines de 2008. Esta es la primera parte que auscultó el SII y que fue detallada el 5 de agosto de 2014 por este medio.
Respecto de la trama de Saieh para entrar y salir de Ripley, el SII hace un duro diagnóstico. Según la referida querella, revelada en su momento por La Tercera, Saieh obtuvo una ganancia de $ 63 mil millones, pero en ese momento el uso de FIP (Fondo de Inversión Privada) no pagaba impuesto a la renta. Ese mayor valor, dijo La Tercera, no fue reconocido por Corp Group Inversiones en sus declaraciones de impuestos de 2010 y 2011, porque –de acuerdo a los querellados– las acciones fueron compradas y vendidas a través del FIP y nunca integraron el patrimonio de Corp.
“A la luz de los antecedentes recopilados, todas las maniobras descritas tuvieron como único objetivo que el traspaso de acciones de la sociedad Ripley S.A. desde un grupo económico (Calderón) a otro (Saieh), evadir el pago de impuestos que por ley debían soportar las empresas involucradas”, dice el texto de la querella del SII citado por el medio del grupo Copesa, que preside Jorge Andrés Saieh, quien enfrentaba la investigación penal tributaria en paralelo a la conducción de proceso de fusión de CorpBanca con Itaú.
El caso ahora está en manos del Ministerio Público y se anticipa que en cualquier momento Jorge Andrés Saieh podría tener que ir a declarar y, en caso de ser formalizado, tendría que renunciar al directorio de Itaú CorpBanca, lo que significa que por primera vez ningún miembro de la familia formaría parte del directorio del banco.
Nuevamente, al interior del grupo ven tanto la acción del SII como la investigación de la Fiscalía como parte de una campaña coordinada de represalia contra los controladores del holding por la forma en que los medios de Copesa han tratado a la Presidenta.
Y, según un abogado cercano al Grupo Saieh, en privado la familia está convencida de que la querella presentada esta semana por la Presidenta es parte de esa misma campaña, simplemente que ahora se sacó a la luz.
Curiosamente, en La Moneda creen que es Saieh y su entorno los que han orquestado una campaña, cuyo objetivo sería desestabilizar a la Presidenta de La República. Sería una manera de bajarle el ritmo a la agenda reformista del gobierno y forzar a que los diferentes frentes que tienen abierto con los diversos reguladores comiencen a cerrarse.
