La gestión la hizo antes de ser forzado a renunciar como director del SII, pero a dos meses de su salida la denuncia ante el Ministerio Público aún no es presentada. Según el borrador al que tuvo acceso El Mercurio, la primera versión no incluía los pagos a las empresas de Giorgio Martelli y Cristián Warner (asesor de MEO), pero, antes de dejar su cargo, Jorratt instruyó incorporarlas.
El ejecutivo nombrado para sacar a SQM de la crisis, por el rol clave de la empresa en el escándalo del financiamiento a la política, podría enfrentar su propio problema.
De acuerdo a El Mercurio, Michell Jorrat tenía lista la denuncia del SII contra los involucrados en el caso SQM Salar, y dicha denuncia incluía a Patricio de Solminihac, el gerente general de Soquimich que reemplazó a Patricio Contesse con el mandato de ordenar la crisis en que la había dejado.
La querella también incluye a Contesse, así como al vicepresidente de Finanzas, Ricardo Ramos, y sus cómplices o encubridores.
En el documento se pedía el máximo rigor de la ley e incorporaba un listado de contribuyentes que emitieron boletas falsas. Tras dos meses de haber dejado su cargo, la denuncia aún no es presentada.
Para De Solminihac, el haber presidido SQM Salar antes de asumir la gerencia general de Soquimich, podría abrirle un flanco complicado, pues las boletas emitidas por Giorgio Martelli son de entre 2011 y 2013, período en que era presidente del directorio, compartiendo la mesa con Contesse. En el mismo directorio también participaba Ramos, el mencionado vicepresidente de Finanzas de SQM.
La querella contra SQM Salar fue un de las las últimas gestiones que hizo Jorratt antes de dejar su cargo como director del Servicio de Impuestos Internos y es la arista que más complica a la Nueva Mayoría en la causa por platas políticas, pero, tras su salida del ente recaudador, esta no fue presentada.
La primera versión del documento estaba listo, pero faltaba incorporar el rol de Asesorías y Negocios de Martelli, involucrado en la recaudación de platas para la denominada precampaña de la Presidenta Bachelet y de Cristián Warner Comunicaciones, asesor y mano derecha de Marco Enríquez Ominami. Sin embargo, cercanos a Jorratt comentaron que ya había dado la instrucción de sumarlos a la denuncia, esto –según informa el diario El Mercurio–, que tuvo acceso al primer borrador de la demanda.
El documento de siete páginas debía dirigirse al Fiscal Nacional, Sabás Chahuán, para interponer denuncia criminal por el delito número 4 del artículo 97 del Código Tributario. Según el texto, la acción se dirigía contra Patricio de Solminihac, gerente general de Soquimich, su antecesor, Patricio Contesse, y el vicepresidente de Finanzas, Ricardo Ramos, en su calidad de representantes legales de SQM Salar y también contra todos quienes resulten responsables como cómplices o encubridores, y se pide el máximo rigor de la ley, que considera una sanción de presidio menor en su grado medio o máximo.
El argumento del SII es que, en el caso de Salar, «el delito se cometió cuando los denunciados registraron o incorporaron como gastos en sus declaraciones impositivas boletas de honorarios y facturas falsas, con el propósito de reducir indebida y deliberadamente su recaudación tributaria».
En la demanda se incluyen dos listas de personas naturales y jurídicas que emitieron boletas a SQM Salar, sin tener los respaldos correspondientes y que la empresa registró como gastos.
La lista de personas naturales involucradas incluye a 14 contribuyentes, quienes en conjunto recibieron pagos por $119 millones aproximadamente entre 2009 y 2013. Entre ellos, figuran Carlos Tudela hijo, el ex vicepresidente de RN Claudio Eguiluz, la periodista Consuelo Lefno, la fotógrafa Constanza Lefno, el abogado Cristián Salazar, y el ex candidato a diputado de RN Cristóbal Urruticoechea.
En relación a las personas jurídicas, el monto más elevado es para la Corporación para Conservación y Preservación del Medio Ambiente, que dirige el activista Patricio Rodrigo, por $57 millones, según el cual los pagos corresponden a charlas dictadas.
Otra flanco incómodo para De Solminihac
La llegada de Patricio de Solminihac ya había hecho ruido cuando fue nombrado.
En Icare fue motivo de comentarios que la nueva cabeza de SQM había estado directamente involucrado en el escándalo del litio en septiembre de 2012. En esa fecha, la firma –que aún indirectamente controla Julio Ponce Lerou– se adjudicó la licitación de 100 mil toneladas de litio por 20 años. Sin embargo, una serie de inconsistencias salieron a la luz pública y el entonces subsecretario de Minería, Pablo Wagner, el mismo que había sido el responsable de llevar a cabo el concurso, tuvo que invalidarlo.
Esto le costó el puesto a él y a la jefa de la División Jurídica de esa cartera, Jimena Bronfman.
Se abrió además una investigación judicial a cargo de la Fiscalía Centro Norte por falsificación de instrumento público y perjurio en contra de SQM y los dos ejecutivos que la representaron en la subasta pública: Ricardo Ramos y Patricio de Solminihac, subgerente de la firma y hermano del ministro de Minería de la época, Hernán de Solminihac.
En el marco de esa investigación, en diciembre pasado, el jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, José Morales, pidió al ex subsecretario de Minería levantar el secreto bancario sobre sus productos financieros, según informó en su momento The Clinic.
La diligencia encargada por Morales se daba en paralelo a la investigación que llevaba en contra de Wagner su colega de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, Carlos Gajardo, por el denominado Pentagate. Entre las acusaciones que enfrenta Wagner se encuentra la de cohecho, a partir de que recibía $3 millones mensuales de Empresas Penta mientras ejercía como subsecretario.
Durante la investigación del fiscal Gajardo, apareció una boleta que, en 2009, emitió la cuñada de Pablo Wagner, María Carolina de la Cerda, a SQM y que estaba vinculada a la campaña de Joaquín Lavín. Ese fue el comienzo de la madeja que vinculaba a la salitrera con el financiamiento de la política.
Lo que no logró el escándalo Cascada, sí lo pudo hacer lo que se inició con una boleta: que tres directores representantes de la canadiense Potash renunciaran porque, en palabras de uno de ellos, José María Eyzaguirre: “No están dadas hoy en Chile las condiciones para que la compañía haga lo que tiene que hacer». Semanas después, sería el propio Ponce el que se vería obligado a dejar la presidencia de SQM tras 36 años a la cabeza.
Fue el propio De Solminihac quien comenzó a blanquear el rol de SQM en el escándalo de financiamiento a la política que sacude al mercado en estos días.
A fines de marzo, en una conference call con inversionistas, admitió pagos irregulares por US$ 11 millones. El ejecutivo reconoció que existían boletas por ese monto “sin justificación suficiente”. Los pagos se realizaron entre 2009 y 2014.
Tras la salida de Contesse de la gerencia general de SQM, De Solminihac asumió en el cargo con la difícil tarea de recomponer la alicaída reputación de la compañía y «ordenar la casa»
Una de sus primeras gestiones fue terminar los servicios de Imaginaccion, empresa de comunicación estratégica ligada a Enrique Correa, y contratar al Grupo Samara, con la complicada tarea de mejorar la imagen de la compañía y su relación con accionistas minoritarios. Además, De Solminihac habría cortado los servicios que prestaban Darío Calderón y Marcelo Rozas.
En sus declaraciones a la Fiscalía, el ejecutivo se refirió a este asunto, según publicó en su momento La Tercera: “Esto se lo comuniqué a Darío Calderón a quien veía muchas veces en la oficina y le indiqué que se terminaba esa asesoría. También terminé las asesorías con Enrique Correa y para ello me reuní con él».
