«En Chile el fisco no tiene problemas de deuda, los bancos no quiebran, las empresas compiten con el resto de mundo, y la inflación estable permite tener precios de largo plazo. Una envidia macroeconómica para prácticamente cualquier país. Pero ¿qué hemos hecho con esta estructura económica? Más bien poco y es ahora donde vemos que las ventajas que nos aportaban en los 90 están llegando a su fin. Si Chile no cambia su estructura productiva solo podremos seguir aspirando a niveles de crecimiento en torno al 3%, y eso nos dejará cómodamente instalados en los países de ingreso medio con bisagras oxidadas».
En el imaginario económico local, Chile era un país que bien podría haber tenido todas sus fronteras rodeadas de mar. Por bastante tiempo creímos que nuestro modelo de crecimiento y desarrollo nos distinguía claramente de América Latina, y que el nuestro era un caso más parecido a los “tigres” asiáticos. Chile tenía ciertos elementos que hacían que la estabilidad y prudencia macroeconómica estuviera inserta en nuestro ADN, y transitamos por la década de los 90 y 2000 con la sensación de que la economía social de mercado navegaría siempre con viento a favor y destino al buen puerto del desarrollo… ¡Chile país OECD!
Después de todo, por algo habíamos llegado a ser líderes en la región, los jaguares de Latinoamérica. Hoy esta sensación de autocomplacencia se acabó. Las reformas económicas y sociales realizadas durante los últimos 25 años, esas mismas que nos convirtieron en el “país isla” de América Latina, ya no son pilares ni de crecimiento ni de diferenciación regional, sino simplemente de estabilidad.
Existen cuatro pilares macroeconómicos que sostuvieron la estabilidad del país, elementos que si hoy no se combinan con la urgente convicción de que es necesario reinventar nuestra institucionalidad económica, es probable que sólo queden como los cimientos que alguna vez, en nuestra historia reciente, nos dejaron a medio camino del éxito. El primer pilar de nuestra estabilidad macro es contar, desde 1989, con un Banco Central autónomo, garante de la estabilidad de precios y que ha permitido que la meta de inflación del 3% sea sumamente creíble.
Por su parte, la consolidación fiscal que se inicia con fuerza en 1987, se potencia con la reforma tributaria de 1991 y la regla del superávit estructural de 2001, nos dejaron como herencia un sector público disciplinado, anclado en ingresos estructurales y descansando en el bajo endeudamiento del país. Un tercer pilar ha sido, sin duda, la apertura comercial de Chile al resto del mundo, de la mano de los múltiples tratados comerciales firmados con la Unión Europea, Estados Unidos y otros países. De hecho, ya tenemos tratados comerciales con casi el 85% del PIB mundial. Finalmente, pero no menos importante, nuestro sistema financiero ha probado su resiliencia, solvencia y capacidad para alcanzar un sólido crecimiento. La Ley General de Bancos de 1985, que tuvo una gran modificación en 1997, ha permitido una banca con índices de solvencia y ratings de primer nivel.
En otras palabras, en Chile el fisco no tiene problemas de deuda, los bancos no quiebran, las empresas compiten con el resto de mundo, y la inflación estable permite tener precios de largo plazo. Una envidia macroeconómica para prácticamente cualquier país.
Pero ¿qué hemos hecho con esta estructura económica? Más bien poco y es ahora donde vemos que las ventajas que nos aportaban en los 90 están llegando a su fin. Si Chile no cambia su estructura productiva solo podremos seguir aspirando a niveles de crecimiento en torno al 3%, y eso nos dejará cómodamente instalados en los países de ingreso medio con bisagras oxidadas y poca capacidad de expansión. Un punto clave es que estos cuatro pilares macroeconómicos se mantengan, independientemente de las actuales reformas y de la dirección política de turno. Pero este piso mínimo de crecimiento no es un estímulo suficiente para seguir reduciendo la pobreza y creando una clase media segura con redes de asistencia potentes.
¿Cuál es la receta? Lea bien: más Estado. Debemos ser capaces de crear una institucionalidad pública que permita delinear políticas micro de largo plazo y que dé pie a reformas estructurales que permitan una visión económica en pro del país. Requerimos una institucionalidad pública que promueva la inversión y un Estado que fije claras reglas del juego. En ese sentido, vemos que la reforma laboral es una oportunidad perdida para haber generado más y mejor fuerza de trabajo, considerando la incorporación de mujeres y jóvenes al campo laboral. Por otra parte, como país no hemos sido capaces de mejorar nuestro capital en áreas vitales como la infraestructura pública o los proyectos energéticos con inversión de largo plazo, en donde aún no se traza un plan de acción concreto y claro más allá de los gobiernos de turno.
Si no nos abocamos a la tarea, en el peor escenario seremos el país del 3%… de crecimiento… de inflación, etc. En el mejor escenario, retomamos una discusión seria y generamos cambios estructurales que permitan ampliar nuestra gama de números macroeconómicos disponibles. Aún no es demasiado tarde.
