Agrupación critica «campaña del terror» iniciada por los grandes gremios empresariales contra cambios al Código de Aguas

A través un inserto publicado el pasado 14 de julio en 18 diarios del país, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) secundada por los grandes gremios empresariales arremetieron contra las modificaciones al Código de Aguas que se tramita en el Congreso.

Bajo el título de “Alerta”, el inserto fue firmado por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Cámara Nacional de Comercio, Cámara Chilena de la Construcción, Sociedad Nacional de Minería y la Asociación de Bancos.

De acuerdo a los firmantes, la “reforma al Código de Aguas amenaza la certeza jurídica y el bienestar de la sociedad y las personas”, porque “afecta uno de los pilares del desarrollo económico y social de todo país: el derecho de propiedad”.

En la reforma, se busca cambiar el régimen de la propiedad privada sobre los derechos de aprovechamiento del agua (Artículo 19, N°24 de la Constitución) por “concesiones administrativas” de carácter temporal, extinguibles y caducables, y sin indemnización para los propietarios de derechos anteriores y posteriores a este proyecto de ley. Justamente lo que la SNA reclama.

“Si vamos a hacer modificaciones al Código de Aguas, hagámoslas, pero no toquemos el derecho de propiedad y de certeza jurídica que es parte fundamental del desarrollo de un país”, recalcó en el inserto el presidente de la SNA, Ricardo Ariztía.

A raíz de las críticas al inserto, la Mesa de Trabajo por la Recuperación Democrática del Agua de la Región de Valparaíso, indicó que, a pesar de considerar que «esta Reforma está lejos de lo necesario», se debe dar la discusión sobre el artículo 19, ya que «el agua es un bien común, su acceso y uso deben estar bajo gestión pública con participación comunitaria».

«Si bien este inserto menciona que la actual reforma es ‘inconstitucional y perjudicial para el bienestar de la sociedad y las personas’, esta defensa desde el sector empresarial apunta solo a velar por el interés de quienes hoy son los dueños del agua, no considerando a casi un millón y medio de chilenas y chilenos que viven en áreas rurales del país, sin acceso al agua para consumo doméstico y saneamiento, con todas las repercusiones que esto conlleva a las condiciones mínimas de dignidad», agregan en el comunicado difundido hoy.

Por eso agregan que «la exigencia de mantener el modelo privado de aguas, sólo beneficia a sus dueños y no a la sociedad en su conjunto, en rigor, lo privado no es sinónimo de lo público». Asimismo, rechazan «aquellas expresiones sediciosas, contenidas en el inserto, que sostienen que cualquier modificación a los derechos de propiedad de las aguas tendrá graves consecuencias para la institucionalidad política y económica del país».

«Estamos en un escenario de crisis climática a nivel global, crisis que se encuentra íntimamente relacionada con el modelo económico actual, ese que impulsa el desarrollo económico hasta límites infinitos, en un planeta con recursos finitos, donde Chile no es la excepción, muy por el contrario, es el único país del mundo que tiene privatizadas sus fuentes y la gestión de las aguas, por ende, necesitamos una nueva legislación entorno al agua, que responda de manera urgente al contexto que estamos viviendo», sentencian.

La Mesa de Trabajo por la Recuperación Democrática de Agua está compuesta por Mujeres Zona de Sacrificio, MODATIMA, Putaendo Resiste, Unión Comunal de APR Cabildo, Fundación Newenko, por el diputado del Frente Amplio Diego Ibáñez y por el senador Juan Ignacio Latorre.