CULTURA
El Festival de Cannes celebró hoy tener la autorización judicial para proyectar en su clausura «The Man who Killed Don Quixote», del británico Terry Gilliam, y se alegró de que las «tentativas de intimidación» orquestadas por su exproductor, el portugués Paulo Branco, no hayan funcionado.
La Justicia, según su comunicado, ha confirmado que, «contrariamente a lo que no han cesado de pretender» el exproductor y su abogado, «entre otros ataques difamatorios y mentiras, el Festival de Cannes nunca se ha colocado por encima de la ley».
El Tribunal de Gran Instancia de París decidió ayer autorizar la proyección del próximo día 19, aunque, según destacó Branco ayer, deberá precisar que su proyección no «prejuzga» los derechos sobre la obra reivindicados por el productor.
Cannes dijo hoy estar «muy contento de que esa película tan singular y de alguna forma dolorosa en la carrera del gran artista que es Terry Gilliam sea desvelada por primera vez ante los periodistas, festivaleros y profesionales del mundo entero» en su clausura.
El festival recordó que Branco y su productora, Alfama Films Production, habían denigrado al certamen ante la prensa y en las redes sociales al afirmar que no tenía derecho de seleccionar esa película.
Con la sentencia de ayer, sus organizadores consideraron que el productor ha perdido su derecho a exigir una compensación.
Este miércoles, no obstante, Branco avanzó que aunque no recurrirá ese dictamen, sí presentará una demanda contra Cannes por «daños colaterales».
El productor compró los derechos sobre la película en 2016 y está enzarzado en una batalla judicial sobre los mismos desde que rompió su relación profesional con Gilliam por fuertes discrepancias presupuestarias, entre otros motivos.
La reacción del festival se conoce el mismo día en que el Centro Nacional Cinematográfico francés (CNC) indicara que ha otorgado al filme una visa de explotación que permite su difusión en las salas.
Esta visa fue solicitada por la productora Kinology, junto con sus coproductores españoles (Tornasol), portugués y belga, y para el CNC, la sentencia de ayer confirmó que sería «desproporcionado» impedir su difusión por culpa del conflicto sobre sus derechos, que todavía debe ser resuelto en los juzgados.
