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CDE apela al fallo que anuló la calidad de monumento nacional de Villa San Luis CULTURA

CDE apela al fallo que anuló la calidad de monumento nacional de Villa San Luis

La inmobiliaria Riesco, que construye un centro de negocios en el lugar, aseguró desconocer el proceso de declaratoria. Ahora el Ministerio de Cultura, dirigido por Alejandra Pérez, deberá definir si reinicia el proceso. «Ante las recientes manifestaciones del diputado Urrutia y otros miembros del oficialismo que demuestran desprecio a la vulneración de los derechos humanos y apologías de la dictadura, el Ministerio de las Culturas debería ver en la Villa San Luis una oportunidad de seguir fomentando la memoria histórica respecto de los hechos más crueles cometidos por el gobierno de Pinochet», señaló un vocero del comité de defensa de la Villa San Luis.


El Consejo de Defensa del Estado (CDE) apeló un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que había acogido un recurso de la inmobiliaria Riesco por la declaración de monumento nacional de los remanentes de la Villa San Luis de Las Condes.

Ahora el Ministerio de Cultura, dirigido por Alejandra Pérez, deberá decidir si reinicia el proceso de declaratoria. Anteriormente había transcendido que la entidad esperaría la decisión del CDE para ver cómo actuar.

La inmobiliaria pretende levantar -mediante una millonaria inversión- un centro de negocios en el terreno donde la Unidad Popular construyó un emblemático proyecto de viviendas sociales en la comuna del alcalde Joaquín Lavín (UDI), cuyo municipio había ordenado la demolición de sus últimos restos.

Durante el pasado gobierno de Michelle Bachellet, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), dependiente del Ministerio de Educación y hoy alojado en el Ministerio de Cultura, había declarado la protección patrimonial de los cuatro edificios que quedan de los 27 originales.

Los empresarios del proyecto han defendido a rajatabla el derecho de propiedad, tanto ante el Miniduc como a través de diversos insertos que la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) publicó en los medios de comunicación.

CDE niega desconocimiento

La inmobiliaria Riesco -vinculada al Consorcio Financiero, de histórica ligazón con Hernán Büchi- había alegado no haber sido escuchada en el proceso de declaración, tal como demanda la ley.

En junio, la constructora, a través de su gerente general Felipe Gilabert Prieto, socio en la empresa junto con Marcelo Cox Vial, denunció que el acuerdo del CMN se había efectuado «sin un debido proceso, sin consultarnos, ni darnos oportunidad de expresar nuestra opinión, siendo que los propios procedimientos y normativa del CMN establecen como requisito el conocer la opinión del propietario del inmueble, potencialmente sujeto de ser declarado como monumento histórico, lo que aquí no ocurrió».

Sin embargo, el CDE -que realizó la apelación el pasado viernes- rechazó estos argumentos.

«En relación a la decisión de apelar del fallo adverso, además de las razones jurídicas invocadas, también se consideró que no resulta aceptable que la empresa inmobiliaria alegue desconocer el procedimiento de declaración de Monumento Nacional, considerando que este fue muy difundido en la prensa de la época y donde las demoliciones ilegales que ella misma realizó (en alusión a la empresa) fueron justamente motivadas por la inminencia de la decisión», señaló una fuente del CDE a El Mostrador. Ahora el tema queda en manos de la Corte Suprema.

Los departamentos fueron construidos en 1972 por el Gobierno de la Unidad Popular para ser vendidos a familias de pobladores que ya vivían en la comuna. Tras el golpe militar, muchos de ellos fueron expulsados a barrios periféricos y reemplazados por familias de militares.

En 1989, el Gobierno del general Augusto Pinochet transfirió los terrenos al Ejército, que en los 90 vendió la mayor parte a un grupo de inversionistas para la creación de un centro de negocios. A partir de 1997, las familias que quedaban en el lugar comenzaron a ser presionadas por las inmobiliarias para vender sus departamentos. La última habitante se marchó en 2015.

Alegría por el fallo

Por su parte, el Comité de Defensa de la Villa San Luis manifestó su conformidad con el fallo.

«Estamos conformes porque la apelación era el único camino coherente que podía tomar el actual gobierno respecto de la protección de Villa San Luis, puesto que la Corte de Apelaciones no impugnó el decreto por razones de fondo, sino por un supuesto error meramente administrativo de la declaratoria», señaló Jaime Díaz, vocero del comité.

«La corte, en su fallo, desestimó los argumentos de mayor peso jurídico presentados por la inmobiliaria, como supuestas faltas a la Ley de Monumentos Nacionales o vulneraciones al derecho a la propiedad», señaló.

«Por eso, el gobierno tenía sólo dos caminos, volver a votar la declaratoria después de cumplir el trámite exigido por el tribunal, lo que no podía cambiar el resultado del proceso de declaratoria o apelar. Es decir, no tenían mucho margen para maniobrar, así que decidieron defender la decisión tomada en el gobierno anterior, toda vez que en sus fundamentos era y es incuestionable».

Díaz también señaló que espera que el Ministerio de Cultura reinicie el proceso de declaratoria.

«Ante las recientes manifestaciones del diputado Urrutia y otros miembros del oficialismo que demuestran desprecio a la vulneración de los derechos humanos y apologías de la dictadura, el Ministerio de las Culturas debería ver en la Villa San Luis una oportunidad de seguir fomentando la memoria histórica respecto de los hechos más crueles cometidos por el gobierno de Pinochet», agregó.

«En estos días hemos visto que el pinochetismo está vivo y que todavía hay quienes defienden el terrorismo de Estado. Por eso, lugares como la Villa San Luis son tan importantes, porque nos permiten revisar el pasado y avanzar en una reconciliación nacional que es todavía una tarea pendiente», concluyó.

A pesar de ser contactado, al momento del cierre de esta edición, el Ministerio de Cultura no había señalado su posición tras el fallo.

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