Opinión del convenio con revista de divulgación científica Heureka
Lo ideal sería poder avanzar en la creación de un Instituto de Patrimonio Cultural o una Dirección de Arqueología, con oficinas regionales y arqueólogos contratados por el Estado, como es el caso de Perú. Esta institución vendría a complementar el CMN, contratando a encargados de la gestión y protección de los principales sitios arqueológicos del país.
El Patrimonio Nacional puede definirse como el conjunto de bienes legado a lo largo de los siglos y perteneciente a una nación, objetos de un resguardo garantizado por un conjunto de normas y leyes y clasificados como históricos, artísticos, arqueológicos, naturales, arquitectónicos, entre otros. Estos bienes del territorio nacional son de propiedad del Estado, de la nación y sus habitantes, por lo que su preservación es importante porque constituyen la base de la identidad e historia como país.
En Chile, con la creación del nuevo Ministerio de las Culturas, Artes y Patrimonio se ha optado por el concepto de Patrimonio Cultural, englobando otras categorizaciones como el Patrimonio Cultural Inmaterial (baile, cantos, tradiciones, recetas culinarias); Patrimonio Cultural Indígena, cuyo reconocimiento por parte de estas comunidades en distintas regiones del país ha sido significativo en los últimos años; así también la Infraestructura Patrimonial. Con eso se busca destacar cautelar expresión de Patrimonio Cultural en Chile, de modo de no solo conocer más de nuestro acervo histórico e identitario pasado, sino también del más reciente y vivo, para futuras generaciones.
El Patrimonio Arqueológico es parte del Patrimonio Nacional, es decir, el conjunto de evidencias materiales humanas atribuidas tanto a los primeros pobladores que se movilizaron por el actual territorio de Chile, a grupos sedentarios aldeanos agropastoriles pre-Incas y de época Inca, grupos de ciudades y ocupaciones de épocas coloniales e industriales, además de aquellos de momentos más recientes. Su protección resulta necesaria, dado que se trata de testimonios únicos de nuestra historia, irrepetibles e irremplazables, muchos de ellos desconocidos y que nos informan, sin embargo, de distintos aspectos de la antigua vida cotidiana de los habitantes de nuestro territorio.
El Estado es la entidad responsable por excelencia de la protección del Patrimonio Cultural y, entre sus múltiples expresiones, del Patrimonio Arqueológico, y para esto posee una institucionalidad y legislación específica. En la actualidad, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) es la entidad técnica gubernamental encargada de cautelar sitios y monumentos arqueológicos mediante la Ley de Monumentos Nacionales 17.288 de 1970; el Reglamento de Arqueología, de acuerdo al Decreto Supremo N°484 de 1990, relativo a intervenciones en subsuelo en sitios arqueológicos; y la Ley Pascua que permite regular la salida de piezas arqueológicas fuera del país.
El problema es que, desde hace varios años, CMN se encuentra ampliamente superado en sus labores, pues deben revisar cada solicitud de intervención arqueológica requerida tanto por proyectos de investigación como de impacto ambiental, además de responder a cualquier petición de intervención, puesta en valor, denuncias o propuestas para declaratorias de Monumentos Históricos, Zona Típica, entre otras. A esto se suma su rol como asesor del Estado, en materias relativas a la presentación de expedientes ante la UNESCO para la declaración de monumentos como Patrimonio Mundial de la Humanidad y sus intervenciones en áreas ya declaradas.
En consecuencia, los recursos financieros y en personal, muchas veces contratados en modalidad a honorarios, resultan claramente insuficientes, además de una aún excesiva concentración de funciones en Santiago, lo cual no siempre agiliza los procedimientos acordes a las realidades de cada región.
El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio permitirá la creación de un marco administrativo nuevo para la protección del diverso Patrimonio Cultural reconocido en Chile, englobando bajo este término al Patrimonio Inmaterial, sitios y bienes chilenos, al Patrimonio Mundial, de las Culturas e Indígena. Todo esto mediante la creación del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, dentro del cual se mantiene el CMN. A esto se suma la formalización de la Secretaría Técnica con sus Oficinas Regionales, que vienen constituyéndose desde hace algunos años, inyectan recursos para la consolidación de éstas con la contratación de personal requerido.
Lamentablemente, no hay indicios precisos acerca de la modificación a la actual Ley de Monumentos Nacionales. Se ha discutido también dentro de la Sociedad Chilena de Arqueología la necesidad de revisar y modernizar el Reglamento de Arqueología en relación con la realidad y práctica actuales de la disciplina, discusión que no ha encontrado eco en la institucionalidad, quedando aún a la espera de su discusión y modificación.
Lo ideal sería poder avanzar en la creación de un Instituto de Patrimonio Cultural o una Dirección de Arqueología, con oficinas regionales y arqueólogos contratados por el Estado, como es el caso de Perú. Esta institución vendría a complementar el CMN, contratando a encargados de la gestión y protección de los principales sitios arqueológicos del país. Desde ahí se podrían crear alianzas estratégicas con las comunidades indígenas y locales, varias de ellas hoy muy comprometidas y responsables de cautelar algunos sitios arqueológicos, para otorgar la asesoría arqueológica requerida.
Espero como arqueóloga que la creación de este Ministerio pueda realmente significar un avance en materias de protección del Patrimonio, que implique no solo un simple resguardo sino un significativo compromiso con la protección de los sitios arqueológicos, muchos de ellos expuestos a constantes saqueos. No obstante, también espero que se geste una modernización y agilización de los procedimientos.
Para nuestro gremio, el problema actual es que el simple descubrimiento de un sitio arqueológico no implica su inmediatamente valoración, pues es necesario primero generar información a partir de un estudio. La pregunta entonces es cómo lograr conciliar este desarrollo de conocimientos sobre sociedades pasadas, acorde a la esencia misma de la práctica arqueológica, para luego contribuir a su valoración para su preservación.
La investigación patrimonial arqueológica es una deuda en Chile que no debe pensarse sólo en cómo destinar, por ejemplo, un determinado sitio al Turismo, sino cautelarlo en condiciones lo más adecuadas posibles para que perdure por muchos más siglos, a partir del conocimiento generado desde su estudio.
También es necesario, para contribuir a una real preservación y protección del Patrimonio arqueológico, considerar la contratación e integración de profesionales arqueólogos en municipios, gobiernos y subsecretarías regionales. Asimismo, los distintos ministerios, comúnmente relacionados con la práctica arqueológica a través de la Ley de Medio Ambiente, también debieran contar con oficinas técnicas con arqueólogos de modo de contribuir al manejo de proyectos que requieren cotidianamente de sus servicios, como es el caso de los Ministerios de Obras Públicas, de Energía, entre otros, además de otros servicios públicos como CONAF, el Servicio Médico Legal, la Policía de Investigaciones, etc.
Así espero que con la creación del nuevo Ministerio se vean incrementados los recursos para la investigación, la gestión y preservación del Patrimonio arqueológico en todo el país, de forma de rescatar también nuestra variabilidad histórica prehispánica, aún demasiado invisibilizada frente a la historia más reciente de Chile como nación.
Finalmente, me preocupa que nosotros los y las arqueólogas, profesionales y la comunidad científica, podamos lograr más voz y voto en decisiones significativas relativas a futuros proyectos o planes de gestión dentro del nuevo Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, pero también en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Como Ciencia Humana y Social nos preocupa de sobre manera la definición de áreas estratégicas y prioritarias enfocadas en la innovación y tecnología, muchas veces alejadas de la necesidad de estudios sobre la sociedad contemporánea, pero también pasada. Esta es una responsabilidad que también debe ser cautelada.
Marcela Sepúlveda, arqueóloga y doctora en Prehistoria, Antropología y Etnología de la Universidad Paris Panthéon- Sorbonne (Francia). Investigadora de Laboratorio de Análisis e Investigaciones Arqueométricas- Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá.
