La cultura no merece nuevos ofertones

En menos de cien días, nos enfrentaremos a la elección presidencial y parlamentaria; antiguos y nuevos rostros concursarán un escaño en la cámara. Ante la disyuntiva que tendremos en las elecciones del 19 de noviembre, es fundamental que las ideas que promueven los candidatos sean realizables, que tengan sentido de realidad, financiamiento y legitimidad social, además de ser novedosas. Y la novedad estaría dada en la capacidad de corregir lo medianamente realizado y transformar los cimientos sistémicos que han impedido la construcción de un país más justo, libre y democrático.

Durante el próximo quinquenio, no se debería abandonar las reivindicaciones sectoriales que han caracterizado a los programas de gobierno, pero habría que asumir la crisis del sector y que su dramática invisibilidad no se sortea con una inyección de recursos o medidas tributarias como quitar el IVA al libro, pues si bien podría colaborar para transformar el libro como un objeto más asequible, no logrará por sí solo revertir los bajos índices de lectura. Tiendo a creer que es más trascendental crear una editorial del Estado que, además de colaborar en bajar el precio final del libro, permita masificar publicaciones que colaboren en reducir las brechas sociales, en construir conciencia crítica, en hacer de la lectura una entretención formativa.

En la misma línea anterior, es deseable que se revise y modifique, cuando corresponda, subsidios, exenciones fiscales, desgravación arancelaria a productos culturales, en función de rebajar los costos del proceso creativo, su divulgación y comercialización. El desafío de la institucionalidad es aumentar el gasto en cultura, sobre todo, consiste en priorizar y ser eficiente en el gasto.

Dicho lo anterior, el desarrollo de la cultura y las artes en Chile ha sido uno de los aspectos más difíciles durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Sin desconocer los avances que se han producido, particularmente en lo que se refiere a institucionalidad, infraestructura y financiamiento destinado a las creaciones, no puede obviarse que los índices de desigualdad en el acceso siguen siendo alarmantes, transformar en acciones las políticas culturales sigue siendo una realidad sujeta a las interpretaciones del Ministerio de Hacienda y no han sido “rendidores” los escasos recursos económicos que el Estado de Chile destina vía presupuesto nacional. En mi opinión, es evidente la necesidad de cuestionar los pilares sustentadores de la “cultura” que se promueve, sus énfasis y sus paradigmas; es urgente cambiar el sentido y la dirección de los recursos que se destinan al sector cultura.

Para graficar lo que señalo, quisiera compartir una anécdota: hace algunos días visité el Centro Cultural Gabriela Mistral, Gam, y me encontré con la muestra “Hecho en Chile, Hecho en Madera”, que reunía obras de artesanos y diseñadores que utilizan esta materia prima como fuente de sustento. Una pequeña obra y la invitación a visitar la página web del emprendimiento era lo que más se repetía, lo cual contrastaba con el espacio de privilegio otorgado a las marcas, a las grandes empresas, a las forestales; CMPC, aquellos de la colusión del papel higiénico o Arauco, forestal condenada por la muerte de los cientos de cisnes de cuello negro en el Río Cruces de Valdivia, eran parte de los auspiciadores, quienes concurren a estas iniciativas para vender más y mejorar su imagen. Pero eso no es todo, entre el GAM y el Teatro Municipal, histórico centro de eventos que, lo digo simbólicamente, visitan los dueños de la CMPC y Celulosa Arauco, se llevan más del 10 por ciento del presupuesto del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Tenemos un problema y ese conflicto nos afecta a todos y, de paso, nos sugiere algunas preguntas: ¿Cuál es el rol del Estado en la Cultura y cuál es el lugar de cada uno de los actores del negocio?, no sólo me refiero a los auspiciadores ocasionales, también a las empresas nacionales y transnacionales que participan de nuestra industria cultural.

Este ejemplo hace patente que la relación del Estado con instituciones privadas termina, muchas veces, fortaleciendo la responsabilidad social de las empresas, sin corregir la injusticia, permite que el espacio cultural siga siendo un lugar de uso preferente para los sectores que tienen mayor acceso a la cultura. En definitiva, en la institucionalidad cultural los esfuerzos económicos y humanos siguen estando al servicio de estrategias que no han logrado corregir la desigualdad en el acceso de los sectores más pobres.

Por otra parte, los requisitos de cofinanciamiento y/o sustentabilidad siguen presentes en las condiciones para entregar recursos, ambas expresiones soterradas del neoliberalismo cultural que instala al artista como un gestor, distribuidor y comercializador de su propia creación, y a la organización social o institución pública como responsable económica del programa del Estado. Requerimos una política cultural y un programa de gobierno que suprima estas nociones, el Estado es el responsable de generar condiciones para la creación, el acceso, la formación artística y cultural, entre otras políticas.

Quienes asuman la nueva institucionalidad cultural, podrán constatar que la principal dificultad de las ideas impulsadas por los gobiernos democráticos, muchas de ellas acertadas, se han implementado de manera mecánica y en ocasiones sin convicción transformadora. Frecuentemente, se oferta un plan, un programa o una medida, que luego se ignora o se materializa sin cuestionar el carácter ideológico que tienen sus contenidos. Así, perduran temáticas que son latamente desarrolladas por el mercado, se mantiene el carácter hegemónico de las instituciones y prevalecen los mismos cultores/as, impidiéndose el surgimiento de nuevos/as actores en las artes y las culturas.

Es necesario promover cambios que permitan dar un giro en las políticas culturales, despojándolas de todo atisbo de neoliberalismo, promoviendo el aporte basal del Estado al desarrollo de la cultura local y regional e implementando políticas que con eficiencia en el gasto, garanticen el acceso a las artes y las culturas de toda la comunidad, poniendo énfasis en los inmigrantes, los pueblos originarios, los establecimientos educacionales públicos y los territorios con un alto índice de vulnerabilidad, entre otras prioridades.

Un futuro gobierno progresista debería enfatizar la pluralidad cultural; la democratización del acceso; la amplitud en la formación educativa formal e informal; mejorar y ampliar la educación artística; identificar y promover las prácticas culturales que se desarrollan al interior de las organizaciones sociales, sindicatos, juntas de vecinos, clubes de adultos mayores.

Es urgente dar un giro en los mecanismos de financiamiento de obras y actividades culturales, transitar de la concursabilidad a la entrega de aportes basales, concretar el proyecto de televisión cultural y cambiar el sentido de la televisión pública; se ha prometido y se debe cumplir con la descentralización de la cultura, las regiones necesitan más autonomía de la capital y los pueblos y ciudades más independencia de las capitales regionales; en la temática de los derechos humanos la memoria política y social debe ampliarse, de una política de sitios se debe avanzar hacia una política que integre acontecimientos y sujetos. Podría seguir enunciando urgencias que tiene Chile y que sus artistas, sus artesanos, sus gestores, sus académicos, entre otros, podrían atender de manera exitosa, sin embargo, lo que se requiere para poner en circulación esas ideas, esa fuerza, ese talento, es convocar a la sociedad en su conjunto a repensar y reconstruir nuestras políticas culturales.