Decreto debe ser firmado por la ministra de Educación, Adriana Delpiano
La empresa propietaria del terreno asegura que la declaratoria «se efectuó sin un debido proceso» y acusó al fisco de «expropiación». Premio Nacional de Arquitectura 2016 propone hacer un parque.
División hay entre los expertos por la declaración como monumento nacional de los cuatro edificios que quedan de la Villa San Luis de Las Condes, un emblemático conjunto habitacional de la época de la Unidad Popular que originalmente contaba con 27 blocks y que fue expropiado durante la dictadura militar para ser convertido en centro de negocios.
La constructora e inmobiliaria Presidente Riesco SA, dueña del predio, pidió este jueves al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) dejar sin efecto la medida, que aún debe ser firmada por la ministra de Educación, Adriana Delpiano. Además acusó al fisco de «expropiación», al supuestamente venderle un terreno que ahora no podrá utilizar.
La constructora tiene un aliado en el abogado DC Óscar Acuña, ex secretario del Consejo de Monumentos Nacionales entre 2006 y 2011, que señaló en el diario La Segunda de hoy que la Villa «no es patrimonio» y que la declaración no tiene efecto legal hasta que se publique en el Diario Oficial.
Esta opinión fue rechazada en el mismo vespertino por Edward Rojas, Premio Nacional de Arquitectura 2016.
«Hay que intervenir ya la Villa San Luis de Las Condes, demoler lo que quedó a medias y dejar las estructuras que estén en buen estado. Tal vez para reciclarlas o reconstruirlas en espacios culturales o ligados al desarrollo de un parque que conmemore lo que fue este proyecto habitacional, ya que una de las cosas que más necesita la ciudad son nuevas áreas verdes, sobre todo Santiago que está infestada por edificios», manifestó.
La constructora, a través de su gerente general Felipe Gilabert Prieto, denunció en un comunicado que el acuerdo del CMN «se efectuó sin un debido proceso, sin consultarnos, ni darnos oportunidad de expresar nuestra opinión, siendo que los propios procedimientos y normativa del CMN establecen como requisito el conocer la opinión del propietario del inmueble, potencialmente sujeto de ser declarado como monumento histórico, lo que aquí no ocurrió». El empresario compró el terreno junto a su socio Marcelo Cox Vial.
«Esta decisión no tiene mérito ni sustento técnico ni legal, es sólo una declaratoria política apresurada respecto de un conjunto de blocks que se construyeron en la época del presidente Salvador Allende, una muy respetable iniciativa, pero que hoy no tiene valor patrimonial y que es mejor dejar que pasen a la historia», aseguró a La Segunda el abogado Acuña, quien antes apoyó la demolición de la Casa de Italia en Viña del Mar y asesora al grupo Mall Plaza en la construcción del controvertido Mall Barón en Valparaíso.
Acuña dijo al vespertino que «si querían declarar esta villa como monumento histórico, las autoridades llegaron tarde porque desde hace mucho tiempo se sabía que había un permiso de demolición y edificación vigente, por lo que es muy difícil que el Contralor General de la República tome razón de un eventual decreto. Yo llamo a la ministra de Educación (Adriana Delpiano) a aplicar la ley. Por ello, la solución no pasa por construir un centro cultural o un memorial».
La firma de Delpiano no tiene plazo legal. En el caso de la Casa de Italia, por ejemplo, demoró cinco meses.
Entre los expertos no hay unanimidad al respecto de la declaración del CMN.
«En esta decisión del Consejo de Monumentos Nacionales hay que determinar hasta dónde se mezclan las razones patrimoniales y las razones políticas», dijo el ex presidente del Colegio de Arquitectos y actual miembro del Comité de Patrimonio, Patricio Gross, a La Segunda.
Agregó que en la discusión de que si la villa es o no un monumento nacional «hay que considerar que hay una empresa que es dueña de los terrenos donde están emplazados estos blocks, y a la cual no se le puede exigir que los intervenga para hacer lo que ciertos grupos sociales quieren. Creo que este tema amerita una discusión más profunda y técnica para determinar qué entendemos por patrimonio, porque me parece que esto está al filo de la navaja».
Por su parte, el decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, Pablo Allard, opinó en el vespertino que lo primero que el CMN debe definir es qué es lo que está declarando patrimonio y qué es lo que se quiere conmemorar, si los aspectos tangibles o los intangibles de la Villa San Luis.
«Hay que hacer un catastro de los blocks que aún quedan en pie para definir si tienen o no valor, y ver cómo esto puede ser incorporado al anteproyecto presentado por la empresa dueña del terreno», aseguró.
«Hay que definir si el valor patrimonial de estos edificios está en su proceso histórico, cultural y en su propuesta de integración social o en los mismos blocks. Quizás bastaría con construir un memorial o dejar en pie una fracción de alguno de estos edificios, pero no mantener toda la obra porque son bien simples a nivel arquitectónico».
Para Rojas, en tanto, está claro que la Villa San Luis es patrimonio.
«Es parte importante de la historia de nuestro país. El otro día leía un correo de una colega que había vivido en este barrio y lo recordaba como un espacio realmente memorable y, por lo tanto, creo que a esa parte de la historia debería habérsele dado más valor. Ahora, si a eso ya le llegó la bola y ya rompieron edificios, me parece que la alternativa del parque es muy pertinente».
La constructora señala haber cumplido con todos los requisitos legales y administrativos correspondientes, incluido el permiso de demolición otorgado con fecha 23 de Junio de 2017, y con anteproyecto aprobado en el mes de enero de este año, ambos por la Dirección de Obras Municipales de Las Condes.
El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, respalda la demolición por motivos de «seguridad». Como solución a la polémica, «para que se pueda respetar el pasado de esta Villa y el nuevo proyecto que se desplegará», propuso construir un memorial, «algo que sea destacable, al que valga la pena ir (…) Que rescate la historia de lo que pasó», según publicó el diario La Tercera esta semana.
La firma, en tanto, ya acusa al Estado de expropiación.
«A fines del año 2011 este predio fue adquirido de buena fe al Fisco de Chile –a quien perteneció por más de 50 años– sin ocupantes, encontrándose sus construcciones desmanteladas y en estado ruinoso», señala el comunicado de la constructora. «Por esto, resulta particularmente injusto y agraviante que el mismo Fisco de Chile, quien nos vendió el predio, pretenda ahora someternos a una expropiación gratuita, afectando gravemente el derecho de propiedad, y la continuación del desarrollo de un proyecto de renovación urbana de reconocido aporte a la ciudad».
«Nos sorprende la falta de disposición al dialogo de la autoridad central, donde ni siquiera tuvo aceptación el llamado del alcalde de Las Condes para hacer de este lugar un punto de encuentro», cierra la declaración. «Estamos ciertos que existen mejores formas de conciliar intereses, miradas y sensibilidades, sin vulnerar los derechos de propietarios legítimos y de buena fe. Adicionalmente, se está generando en el mundo privado una fuerte incerteza en su actividad y desarrollo de proyectos».
