Monitoreo telemático
El proyecto de ley que busca ampliar la medida a casos de violencia intrafamiliar fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados y avanza su trámite legislativo. El gobierno pretende que sea despachado prontamente.
El proyecto de ley que busca incorporar una medida cautelar especial a favor de las víctimas de violencia intrafamiliar y facultar al tribunal, en casos calificados, a controlar su cumplimiento por medio del monitoreo telemático (tobillera o brazalete electrónico), fue aprobado por unanimidad en la sala de la Cámara de Diputados.
La iniciativa, propuesta originalmente por la senadora Adriana Muñoz en 2014, fue devuelta a la Comisión de Familia para ajustar ciertos criterios y definir el reglamento con que se aplicará la norma que busca la supervisión de las medidas cautelares de prohibición de acercamiento sea de forma electrónica, mediante un monitoreo y que ante cualquier amenaza alertará a las policías, para que pueda restringir la presencia del agresor en el hogar común o en los que concurra o visite habitualmente.
Así, la medida será otorgada tanto por los tribunales de familia como penales.
Para la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, “hacernos cargo de la violencia contra la mujer, no sólo significa denunciarla y condenarla, sino también, y, sobre todo, tomar medidas que sean concretas y efectivas para impedirla”.
En ese sentido, en 6 de los 44 casos de femicidio que hubo durante el 2017, no se cumplieron las medidas cautelares. Y la cifra aumenta si se contabilizan otros casos que no están incluidos en el conteo oficial, pero que las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres establecen como 65 mujeres que murieron por violencia machista.
Según datos de la Fiscalía Nacional, en el año 2017, se registraron 131.015 delitos por Violencia Intrafamiliar, entre los cuales 409 correspondieron a delitos sexuales, 60.630 a amenazas y 119 a femicidios.
El nuevo proyecto pretende ampliar esta medida electrónica específicamente a los casos de delitos de violencia intrafamiliar ya que hasta ahora, la ley actual sólo contempla el control de monitoreo telemático para supervisar el cumplimiento de ciertas sanciones.
“Para nosotros es un deber fundamental del Estado garantizar la protección de las personas y realizar todas las tareas necesarias para cumplir con ese propósito. Estamos comprometidos con todas las acciones que permitan dar señales de tolerancia cero a la violencia contra de las mujeres”, señaló la ministra Plá.
La diputada Marcela Sabat (RN) señaló que se espera que tenga una tramitación rápida «y que esto sea nuevamente votado en la Sala con la misma transversalidad con la que hoy día se dio el resultado».
A su vez, el ministro Secretario General de Gobierno, Gonzalo Blumen, recalcó que la voluntad del Ejecutivo es «apoyar e impulsar la agenda del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, la ministra vino precisamente a ratificar la voluntad del Presidente de la República de tomar este tema con mucha fuerza, aprobar este proyecto que es muy importante en dar un paso en la lucha contra la violencia a las mujeres».
El uso de este tipo de tecnología, que usa geolocalización que se va actualizando en tiempo real, se ha implementado para prevenir la violencia intrafamiliar en distintas partes del mundo como Estados Unidos, España, México, Uruguay, entre otros.
En Chile, se usa desde el 2014 para otro tipo de delitos donde se necesite la supervisión del cumplimiento de las penas sustitutivas de reclusión parcial y libertad vigilada durante todo el período de la condena. La señal es monitoreada en un centro especial y es supervisada por Gendarmería, quienes luego entregan los datos a los tribunales respectivos.
Si el imputado no cumple con las restricciones de horario y perímetros o intenta quitarse el dispositivo -que es a prueba de agua-, se emite una señal de alerta.
Sin embargo, el sistema no ha estado exento de fallas y criticas, donde se ha expuesto desde que un corte general de luz podría afectar el monitoreo de los dispositivos hasta que no hay abasto para vigilar a todas las personas afectadas por la medida..
También las licitaciones para adquirir los dispositivos han generado conflicto, ya que se ha impugnado algunas de las compras.
