Yo opino
Ya no nos sorprenden los periódicos intentos de revertir alguno de los pocos avances que han ido acercando a Chile a los estándares civilizatorios mínimos del mundo. Hoy nuevamente le toca a la pena de muerte.
A partir de un crimen horrendo, imperdonable, surgen voces que pretenden que Chile la reponga. Al respecto es necesario decir en primer lugar que una modificación de esa naturaleza no podría afectar al asesino de la pequeña Sophia dado el principio de no retroactividad de las penas. Colocarlo así es algo dado en llamar “populismo penal”.
Un segundo elemento a considerar es el principio de progresividad de los derechos humanos. Este principio señala que las modificaciones que se realicen en pos del cumplimiento los tratados y convenciones de los derechos humanos sólo deben ir en la dirección de aumentarlos. En otros términos, es un principio de no regresividad y dado que Chile eliminó la pena de muerte, excepto en el Código de Justicia Militar, su reposición constituiría un retroceso inaceptable para el sistema internacional de los derechos humanos, situación en la que Chile no debiera volver a estar.
También es muy importante señalar, como lo han hecho artículos publicados en la prensa, que la evidencia de estudios internacionales indica que la pena de muerte no disuade a los hechores de crímenes horrendos. Es claro que la respuesta es la prevención y, es aquí, donde Chile está en deuda con los miles de niños y niñas que han sido vulnerados en sus derechos a lo largo de toda su historia. Esto adquiere nivel de mandato cuando Chile firmó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990. Es necesario insistir en el pleno cumplimiento de la convención y de las ulteriores y permanentes recomendaciones que se le han hecho a Chile: una Ley de Protección Integral de Derechos con protección administrativa y territorial, formación continua en enfoque de derechos de los funcionarios públicos a todo nivel, avanzar en políticas públicas con un real enfoque de derechos en la construcción de una cultura de derechos humanos en nuestra sociedad que permita que la comunidad se convierta en un efectivo co-garante de derechos de niños, niñas y adolescentes.
La vida de Sophia marcada por el dolor, debe ayudarnos a asumir la necesidad de colocar a los niños y las niñas en nuestro país, en el primer lugar de las tareas inmediatas para que cada vez que alguna pequeña Sophia sea maltratada se enciendan señales de alarma que hagan actuar a un sistema completo de protección con una comunidad comprometida, funcionarios policiales oportunos y eficaces, funcionarios públicos competentes y con protocolos adecuados y con castigos severos a la negligencia, la desidia o el desinterés.
¿Endurecer las penas? Bien… pero a la cadena completa de garantes del Estado, fiscales, policías, tribunales, etc.; y de la comunidad que inconscientemente se constituye en cómplice por omisión. No han existido ni existen en Chile políticas universales de apoyo a la familia, ni de prevención de abusos hacia la niñez, ni espacios de apoyo a nivel territorial. ¿Cuántas Sophias más lamentaremos para empezar a responder a los compromisos de derechos humanos que Chile ha asumido?
