Justicia determina que la violencia contra la mujeres es «de interés público» en caso de periodista demandada por reportaje

En noviembre del año pasado, la periodista y directora de POTQ Magazine, Javiera Tapia Flores, publicó un reportaje titulado “Cuando ella habla, escucho la revolución”, en el que denunciaba diversos hechos de violencia de género en el mundo de la música.

Tras la publicación del reportaje, uno de los mencionados, Jimmy Valenzuela Rodríguez presentó un recurso de protección contra la periodista cuya resolución se conoció el pasado miércoles 7.

El reportaje incluía un testimonio que denunciaba violencia tanto físico como por parte de Valenzuela, quien fue su pareja durante algunos años. «Comenzó a manipularme psicológicamente, mis papás se dieron cuenta y trataron de alejarme de él, pero yo ya había desarrollado un apego muy grande. La relación que tuvimos fue súper tortuosa, Jimmy me manipulaba cada vez que quería separarme de él. Creé una especie de dependencia y creía que era la única persona en la que podía confiar, él ya se había encargado de ponerme en contra de cualquier persona que no aprobara nuestra relación”, contó Daniela, más conocida como Dulce y Agraz, quien relató el control que él ejercía sobre ella que incluía forcejeos y agresiones.

Es por eso que Valenzuela, en su acción judicial, manifestó que los relatos faltaban a la verdad y que los hechos formaban parte de la esfera privada de su vida y que estos no tenían relevancia pública más allá de que González fuese una artista conocida, y que exceden los márgenes de la libertad de opinión y de información.

Así, el recurso de protección apuntaba al daño al honor y a la honra de Valenzuela, además de sostener que vulneraba su derecho a la vida privada consagrado en la Constitución.

Pero el recurso fue rechazado. El tribunal determinó que los hechos narrados en el reportaje de Tapia sí constituyen interés público, dado que visibilizaban la violencia hacia las mujeres.

«Los hechos que aborda el reportaje, narrados por la protagonista de esa historia, como puede advertirse presentan caracteres de delito en contexto de violencia intrafamiliar, como es el maltrato habitual o lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, y -por ende- involucran un interés público», se lee en la resolución.

Además se hizo hincapié en que el derecho a la vida privada no contrarresta la libertad de opinar e informar, también garantizada por la argumento por la Constitución, y que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, más conocida como la Convención de Belém Do Pará, que suscribió Chile pone el foco, entre otras cosas, en que “los Estados Partes, convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer», determina el texto, tras el argumento presentado por la abogada Nicole Henríquez.

Por eso la periodista se mostró satisfecha porque «la justicia chilena reconoció el derecho que tienen los periodistas y medios de comunicación para informar y denunciar hechos de violencia en contra de la mujer. Pero aún, y más importante dados los tiempos que corren, reconoce la responsabilidad que tiene nuestro trabajo», sostuvo en su Facebook.

Tapia también agradece «a todas las mujeres que en primera instancia decidieron contar su historia y con valentía decidieron además que fuera pública. Esto es importante. Es un precedente. Las mujeres podemos denunciar. Debemos denunciar. Y los y las periodistas debemos estar al servicio de esas denuncias».