¿Esclavitud en Chile?
En 2012, la fiscalía realizó una investigación contra un empresario indio que trajo a las mujeres supuestamente con engaños. El caso fue cerrado sin informar a las víctimas y reabierto en mayo pasado. La defensa espera que la acción del organismo ayude a que la fiscalía formalice a los sospechosos por trata de personas.
En 2011, Eva Anggraeni y Laila Nur escaparon de la casa del empresario indio Pishu Lakhwani. Las indonesias fueron traídas, según denuncian, con engaños desde su país a Punta Arenas a través de una agencia de empleos e incluso con un pasaporte falso que aumentaba en ocho años la edad de una de ellas. Es el caso de Laila, quien en papeles decía tener 23 pero tenía realmente 15 años (ver imagen).
Tras el escape denunciaron a su ex empleador por lo que la fiscalía, a través de los persecutores Fernando Dobson (hoy fiscal jefe de Punta Arenas) y Wendoline Acuña, realizó una investigación desformalizada que se cerró sin imputados y, según las víctimas, “sin justicia”. Esto se comprueba con la reapertura del caso, lo que lograron -según las mismas mujeres señalan- luego de que los medios de comunicación denunciaran el hecho, en particular el reportaje publicado en abril por El Mostrador Braga.
En esa fecha las mujeres relataron a este medio su llegada a Punta Arenas: “Me prometieron el mundo entero, sueldo, ropa, etc. Yo estaba feliz. Pensaba que en tres años podría juntar dinero para terminar mis estudios. Entonces este hombre, Pishu, me fue a buscar a Indonesia. Llegamos a Punta Arenas a las 4 de la mañana del 28 de enero de 2008, hacía mucho frío. Le pregunté dónde estaba mi cama y me llevó a la lavandería, allí me pasó una especie de sábana o mantel, le dije ‘¿dónde duermo?’. ‘Tú duermes en el suelo’, me dijo. Lloré toda la noche”, señaló Eva.
Un año después, también en enero, llegó su compatriota Laila. Eva de inmediato se dio cuenta que no tenía 23 años, como decía: “Ella llegó de 15 años acá, un pollito, sólo yo sé cómo la insultaban. Casi le pegaban cuando le gritaban, la amenazaban mucho. Eramos como esclavas».
Hoy, Eva está contenta y esperanzada porque siente que la justicia está más cerca. Dice que recibió la noticia de la querella del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) “con mucha emoción”, según ella, “porque tenemos la convicción que esto no puede pasar más en Magallanes, en Chile ni en el mundo. Las instituciones están tomando en cuenta la situación migratoria, eso es bueno”.
En tanto, el abogado de Eva y Layla, Juan Carlos Rebolledo, anunció que la próxima semana solicitará al fiscal que formalice el caso por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, por lo que espera que la querella del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que busca -entre otras diligencias- que la Brigada Investigadora de Trata de Personas de la PDI se haga partícipe en la investigación, sirva para ello.
“Hemos estado hablando constantemente con la abogada del INDH en Magallanes, y eso derivó en la presentación de esta querella. Con ella se pueden ampliar las diligencias, por lo que la idea es trabajar en conjunto. Y con los antecedentes que hay el fiscal debiera tener la convicción que aparentemente existe delito y formalizar a los empresarios implicados para investigarlos”, explicó el jurista.
