Yo opino
Hemos conocido en las últimas semanas denuncias de acoso contra estudiantes en espacios universitarios y de educación secundaria. Acoso sexual hacia estudiantes, sexismo en el trato, tocaciones indebidas, difusión de imágenes intimas, son algunas de las expresiones de la violencia machista que han sido denunciados en distintos medios de comunicación en las últimas semanas en nuestro país.
El año pasado la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género de la Universidad de Chile dio a conocer el estudio “Acoso sexual en el campus: estudio sobre la violencia sexual en la comunidad de la Universidad de Chile” el que evidenció que al menos un cuarto de encuestados y encuestadas ha sabido de alguna conducta de acoso sexual, mientras que cerca del 15% de jóvenes ha sido víctima de estas acciones.
Asimismo, un estudio realizado por la Universidad de Playa Ancha y la Universidad de Diego Portales dado a conocer el año pasado, realizado en 5 universidades chilenas, reveló que el 51% de las mujeres estudiantes consultadas había sufrido una agresión sexual, siendo sus ex parejas y amigos los principales agresores.
La instalación cultural de conductas de acoso y abuso sexual hacen complejo su tratamiento. Aún persisten concepciones que califican como naturales estas conductas y culpan a las mujeres de las agresiones que viven. Parafraseando a Pierre Boudieu, la fuerza del patriarcado está en legitimar la relación de dominación en una construcción social naturalizada.
Frases como “anda con la falda muy corta”, “no salga tan tarde” o “si estaba borracha, es culpa de ella” están muy instaladas en la sociedad y se reproducen a través de las comunicaciones, la educación y las familias.
No es fácil mirar críticamente este orden social, no es fácil salirse de las categorías construidas por el patriarcado para mirar incluso las relaciones de poder desigual y de dominación que hemos vivido históricamente las mujeres.
Como Ministerio de la Mujer y la equidad de Género estamos conscientes y nos ocupa lo anterior. En la campaña nacional de prevención de la violencia contra las mujeres -que dimos a conocer en noviembre del año pasado-, incorporamos la violencia sexual en nuestra campaña, evidenciando precisamente una situación donde un hombre joven cuestiona a una mujer joven que esta con “tragos de más” en una fiesta, responsabilizándola de una posible agresión sexual debido a su estado de ebriedad.
Asimismo, en el proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias que se está debatiendo en el Parlamento, enviado por el Gobierno en noviembre del año pasado, se amplían los conceptos de violencia y los espacios en los que esta se da y se propone incorporar la violencia que se da en ámbito público, “se refiere a la violencia contra las mujeres que es perpetrada por cualquier persona cuya relación no este comprendida en el ámbito privado. Esta comprende, entre otras, aquella que tiene lugar en los establecimientos educacionales y de salud, el lugar de trabajo y los espacios públicos”. En el articulado del proyecto de ley, especialmente en su artículo 10, que regla las medidas de prevención en el ámbito de la educación, se señala que “[el] Ministerio de Educación velará por la promoción de los principios de igualdad y no discriminación arbitraria, y la prevención de la violencia en todas sus formas, incorporando la perspectiva de género en la formación docente y en las orientaciones que entregue al sistema educativo en todos sus niveles.” Otro aspecto importante -en el marco de la prevención- dice relación con el mandato que hace el proyecto de ley para que se incluya dentro de los objetivos de los Planes de Formación Ciudadana la promoción del principio de igualdad entre hombres y mujeres, la prohibición de cualquier tipo de discriminación y el derecho de todas las personas, en particular las mujeres y las niñas, a una vida libre de violencia, considerando la perspectiva de género. Finalmente, en el artículo 14, que trata de las medidas de protección de las víctimas de violencia en espacios de educación, se realza la importancia de la esfera educativa como un espacio en que la violencia ha de ser prevenida, y también, en que se ha de ofrecer protección efectiva a las víctimas de la misma”.
Además, en el marco de las nuevas atribuciones de la reforma de educación, la Superintendencia de educación, en el ámbito de denuncias, hoy considera como uno de los criterios de denuncia, la maternidad y/o embarazo, identidad de género, orientación sexual, abuso sexual, comportamiento de connotación sexual.
Estas iniciativas abren un camino, pero se hace necesario actuar y trabajar en comunidad para enfrentar la violencia que viven las mujeres en el espacio educacional. Trabajar como comunidades educativas es un desafío que se instala en casas de estudios superiores y de enseñanza media, para lograr protocolos de trabajo en conjunto.
Protocolos que además de contemplar los mecanismos para enfrentar las posibles situaciones de violencia y acoso sexual que se den en las comunidades educativas, se propongan el desafío de trabajar en la prevención y erradicación de estas conductas. Caminando de manera conjunta podremos avanzar en erradicar estas conductas y en profundizar la transformación cultural.
