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En 2012 la fiscalía realizó una investigación contra un empresario indio que trajo a indonesias supuestamente con engaños. El caso fue cerrado sin informar a las víctimas. Además, se determinó en la Dirección del Trabajo una compensación económica que nunca llegó a las afectadas.
En 2011, Eva y Nur escaparon de la casa del empresario indio Pishu Lakhwani. Las indonesias fueron traídas, según denuncian, con engaños desde su país a Punta Arenas a través de una agencia de empleos, incluso con un pasaporte falso que aumentaba en ocho años la edad de una de ellas, Nur, quien en papeles decía tener 23 pero tenía realmente 15 años.
Tras el escape denunciaron a su ex empleador y la fiscalía, a través de los persecutores Fernando Dobson (hoy fiscal jefe de Punta Arenas) y Wendoline Acuña, realizó una investigación desformalizada que se cerró sin imputados y, según las victimas, “sin justicia”. Hecho que se comprueba, con la reapertura del caso, que -según las mismas mujeres señalan- es producto de las publicaciones de prensa denunciando el hecho, en particular el reportaje publicado en abril por El Mostrador Braga.
Tras años de frustración, este viernes declararon más de seis horas frente a Rina Blanco, la nueva fiscal a cargo, ya que por solicitud de su abogado se accedió a inhabilitar de esta causa a los fiscales que investigaron en 2012.
La acusación: trata de personas con fines de explotación laboral.
El abogado de las mujeres, Juan Carlos Rebolledo, explica: “Tras declarar, quedaron con medidas de protección y llamado prioritario a Carabineros, principalmente porque estamos pidiendo que se investigue un delito que es muy grave, pero también para tranquilidad de mis representadas”.
El jurista comentó a El Mostrador Braga que “para comprobar los hechos, hemos pedido una serie de diligencias, como que se pida la documentación de Nur a Indonesia para comprobar que fue adulterada su edad para poder viajar. Esto ni siquiera se hizo en la investigación anterior, pero nosotros logramos acceder al documento donde se comprueba (ver foto). Solicitamos también que se tome declaración a los policías que en 2012 visitaron la residencia donde estuvieron recluidas y los locales de la Zona Franca donde trabajaron, además de un informe social y psicológico de las mujeres y de sus familias en Indonesia, ya que estos delitos afectan más a personas que son de origen vulnerable como queremos comprobar”.
Rebolledo denuncia además otra arista del caso que están investigando: “Extraoficialmente, el abogado del denunciado me comentó que en 2012 había pagado una suma por concepto de remuneraciones, en relación a Nur y Eva, de más de seis millones de pesos al abogado puntarenense José Luis Díaz, contratado por la Embajada de Indonesia para defenderlas, dinero que no fue entregado a las víctimas y del que habría registro bancario”.
Esto lo confirma Boris Miranda, marido de Eva, y uno de los principales impulsores de que el caso se reabriera. “Cuando nos enteramos que el abogado se había quedado con la plata de ellas, lo fuimos a ver y me dijo ‘quizás, no me acuerdo, puede ser’. Nos dio mucha impotencia”, señaló.
Por estos antecedentes y ante la reapertura del caso, el nuevo Embajador de Indonesia, Philemon Arobaya, viajará la próxima semana a reunirse con las víctimas.
Para Eva fue difícil declarar nuevamente ante la fiscal. «Fue harto doloroso, fue como vivirlo de nuevo, cuando dormíamos en el suelo y nos daban las sobras de comida o cuando nos hacían trabajar sin parar”, ecplicó.
En abril las mujeres relataron a este medio su llegada a Punta Arenas: “Me prometieron el mundo entero, sueldo, ropa, etc. Yo estaba feliz. Pensaba que en tres años podría juntar dinero para terminar mis estudios. Entonces este hombre, Pishu, me fue a buscar a Indonesia. Me hizo dejar la maleta que mi mamá me había armado y mi celular porque me dijo que me compraría ropa y que allá, donde íbamos, mi celular no serviría… Llegamos a Punta Arenas a las 4 de la mañana del 28 de enero de 2008, hacía mucho frío. Le pregunté dónde estaba mi cama y me llevó a la lavandería, allí me pasó una especie de sábana o mantel, le dije ‘¿dónde duermo?’. ‘Tú duermes en el suelo’, me dijo. Lloré toda la noche”.
Debido a esta re victimización la fiscalía las derivó a la unidad de víctimas y testigos para evaluar cómo poder ayudarlas. Además, Pablo Rivera, abogado de la Unidad Jurídica del Instituto Nacional de Derechos Humanos, confirmó que la agrupación ha tenido acercamiento con este caso desde 2012 y están evaluando hacerse parte de una querella por trata de personas con fines de explotación laboral.
Se espera que esta semana declare ante la fiscalía el empresario, quien, según advierte Boris Miranda, “se nota que está nervioso porque ha mandado a hombres que dicen ser sus trabajadores a decirles a las chicas que no van a sacar nada con esta denuncia, que después no tendrán trabajo, pero ellas están convencidas en seguir adelante y sueñan con tener justicia para estar tranquilas”.
