Este último año hemos sido testigos de la creciente concientización ciudadana sobre la violencia hacia la mujer. Hoy más que nunca en Chile, en sintonía con un centenar de expresiones y anhelos mundiales, se está levantando una inquebrantable bandera de lucha por la igualdad, que flamea sin importar el color político, credos religiosos, ni mucho menos, el estrato social de las personas. Una fuerza que irrumpe en las calles y redes sociales, a través de multitudinarias marchas y muestras de apoyo.
A diferencia de lo que ocurría hace una década en nuestro país, esta nueva ciudadanía empoderada no solo ha empatizado abiertamente con el movimiento femenino sino que, además, se unió a la lucha para erradicar la violencia contra la mujer, especialmente la más visible, la que semana a semana vemos expuesta en los medios de comunicación, y que se manifiesta en el contexto de las relaciones de pareja. Según las cifras oficiales, en lo que va del año se han producido 13 feminicidios consumados y 22 frustrados en contexto de Violencia Intrafamiliar (VIF). Cifras que se elevan al doble si consideramos también las muertes de mujeres en contexto de pololeo y en espacio no íntimo.
Pero más allá del registro estadístico que revela que una mujer muere a la semana en contexto de relaciones de pareja, casos de alto impacto mediático como la agresión cobarde a Nabila Rifo, cuya ex pareja este martes fue declarada culpable en Coyhaique por feminicidio frustrado; y el de Antonia Garros, la joven de Concepción que falleció en contexto de violencia en el pololeo y cuya investigación recién comienza, también ha dejado en evidencia, como un denominador común, una de las grandes carencias del sistema: la falta de una política pública clara, firme y persistente en el tiempo destinada a la prevención de la violencia en la pareja, que permita, especialmente a nuestros jóvenes, contar con las herramientas necesarias para erradicarla, y lo más importante, no permitirse vivir en ella.
La prevención es una gran deuda de nuestro país en materias de violencia en cualquier tipo de relación de pareja. Hoy enseñar, informar, capacitar, educar sobre la importancia de cultivar relaciones sanas, fundadas en la tolerancia y el respeto, se ha configurado más bien como el anexo menos urgente de una serie de medidas gubernamentales que por años, casi en forma exclusiva, han estado destinadas a la atención de víctimas de violencia intrafamiliar. ¿Esta debilidad en el diseño de programas de prevención es solo un tema de escasez de recursos o también la falta de voluntad política para abordar el tema de una manera más integral, incorporando en el debate a todos los miembros de la sociedad?
Se requiere, entonces, diseñar e implementar programas nacionales de prevención inclusivos: desde el colegio, al menos en la enseñanza básica y media; en la educación superior, a estudiantes de institutos, CFT y universidades; en los municipios, a todo el personal municipal, juntas de vecinos, jefas y jefes de hogar, organizaciones comunales, etc.. Y, junto con ello, además, avanzar en un mejor entendimiento entre el Ministerio de la Mujer (ex Sernam), el Ministerio de Educación, el Sename, las policías, los tribunales de justicia, las municipalidades y toda la red de apoyo gubernamental y no gubernamental del país.
Es cierto que los gobiernos de turno han hecho grandes esfuerzos. Pero, en materias de prevención, han sido más bien siluetas que a rato se dibujan en la ocurrencia de algunas capacitaciones, charlas y campañas comunicacionales que lamentablemente no cuentan con los suficientes recursos para persistir en el tiempo y con la frecuencia que se requieren. Mucho menos, para medir los impactos y resultados de las mismas.
Para lograr este cambio cultural, que algunos tanto anhelamos, necesitamos unir fuerzas y trabajar en conjunto a fin de replantear las estrategias en la lucha contra la violencia hacia la mujer. En el fondo, dejar de lado aquella mirada mezquina que enmarca a la prevención como el invitado menos importante puesto que no permite dividendos políticos inmediatos, sino que más bien enfocarla como una inversión capaz de garantizar a las futuras generaciones que al menos se hicieron todos los esfuerzos para construir un país más justo.
