Opinión
El Estado de Chile suscribió hace dos años ante la ONU una serie de objetivos para el logro de un desarrollo sostenible y sustentable, de aquí al año 2030. Dicho contrato, denominado Agenda 2030, consta de 17 objetivos y 169 metas, que buscan transformar nuestro país en una democracia más justa, más pluralista y más inclusiva en los ámbitos económico, social y ambiental.
En paralelo a la labor del gobierno chileno y en el marco del cumplimiento de esta agenda, tres de las principales redes que agrupan a más de 350 organizaciones de la sociedad civil organizada (Acción AG, la Comunidad de Organizaciones Solidarias y la Red de Voluntarios de Chile), presentamos ante la ONU un informe paralelo al oficial, al que hemos denominado Informe Luz, a través del cual le damos voz a las demandas de millones de chilenos que buscan ser protagonistas de la creación e implementación de políticas públicas en nuestro país.
El logro de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) se convierte en una tarea conjunta con los diferentes sectores de la sociedad, lo que permitirá aunar visiones distintas sobre problemáticas comunes en pos de la igualdad de género, la superación de la pobreza, la erradicación del hambre, garantizar una salud de calidad, construir infraestructura resiliente, propiciar una industrialización inclusiva y conservar los océanos, todos ellos objetivos determinados por el Gobierno como metas de desarrollo para el país.
En el actual escenario político nacional, la sociedad civil está llamada a ser un aporte en el desarrollo de políticas públicas, entregando una mirada con autonomía, transparencia, descentralización y representatividad, que busca darle protagonismo a una sociedad cada vez más empoderada y que siente que a través de una participación activa es capaz de generar una transformación real de la sociedad.
