Compromiso y políticas requisitos para avanzar en inclusión educativa

Según cifras del DEMRE la participación de estudiantes con discapacidad que rindieron la PSU, aumentó el último año desde 90 a 427 estudiantes. Este aumento fue posible por la aplicación de pruebas ajustadas, adaptadas a situación de discapacidad. Las cifras se relacionan también con la continuidad de los Proyectos de Integración Escolar (PIE), impulsados desde el 2009 por el Mineduc como estrategia inclusiva dirigida a estudiantes que presentan necesidades educativas especiales.

En el último proceso de admisión universitaria aumentaron los cupos del Programa de Acompañamiento y Acceso efectivo a la Educación Superior (PACE), iniciado el 2014 y dirigido a estudiantes de sectores vulnerables con el propósito de apoyar su ingreso a educación superior. En el año 2018 fueron seleccionados 3.427 estudiantes provenientes del PACE, 721 más que en el proceso de admisión anterior.

En 2018 aumentó el número de estudiantes seleccionados provenientes de pueblos indígenas, representando el 12% del total de estudiantes de las universidades que participan del sistema único de admisión. Esta cifra es consistente con la tendencia observada en el sistema escolar, según datos del Mineduc entre 2010 y 2017, la población escolar indígena aumentó aproximadamente en 50.000 estudiantes.

También aumentó el número de estudiantes de origen extranjero que rindió la PSU, tendencia consistente con el sostenido incremento de la población migrante en el sistema educativo, según datos del Mineduc actualmente más de 19.000 estudiantes extranjeros se encuentran matriculados en alguna institución de educación superior.

Siguiendo la tendencia internacional, Chile registra un aumento sostenido de la participación femenina en educación superior, actualmente las mujeres representan el 52% del total de la matrícula. No obstante, al diferenciar por áreas y carreras, la concentración de la matrícula masculina se da en áreas económicas más competitivas y la inequidad en retribución en el mercado laboral resulta ostensiblemente desventajosa para el segmento femenino de la población.

Los avances en el reconocimiento de la diversidad han incorporado al enfoque de género nuevas identidades (trans) y orientaciones sexuales (homosexuales, lesbianas, etc) internacionalmente se utiliza el acrónimo LGBTI para identificar la diversidad sexual. Son escasos los estudios disponibles que permitan cuantificar estudiantes identificados con características LGBTI. También son escasas las iniciativas de políticas públicas en educación, vale la pena mencionar un documento “Orientación para la inclusión de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en el sistema educativo chileno” elaborado por el Mineduc.

Entre las atribuciones que la nueva Ley le concede a la Subsecretaría de Educación Superior, se encuentra la de “proponer al Ministerio de Educación políticas que promuevan el acceso e inclusión, permanencia y titulación o graduación oportuna de estudiantes de la educación superior”.

En la política sobre inclusión que la ley demanda diseñar para la educación superior y en las diversas leyes y orientaciones relacionadas con el sistema escolar, se debe incorporar el concepto de desarrollo social inclusivo, idea fundamental expresada por organismos como UNESCO a nivel mundial y por la CEPAL en América Latina y El Caribe, enfocada hacia una nueva generación de políticas que superen la pobreza y reduzcan la desigualdad y al mismo tiempo cuestionen “la marginación arraigada y las actitudes discriminatorias hacia las mujeres, las personas con discapacidad, las poblaciones indígenas, las minorías étnicas y lingüísticas, los refugiados y los desplazados, entre otros grupos vulnerables”.

Estos cambios requieren mejorar el conocimiento e influir en los valores y las actitudes, sin políticas inclusivas será muy difícil lograrlo. Ojalá que este marzo no implique el inicio de un retroceso.