Opinión
Este 20 de febrero, la ONU nos convoca a conmemorar el Día Mundial de la Justicia Social, un concepto que se refiere al reparto equitativo de los bienes sociales y al respeto de los derechos humanos. Desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil, es imposible que haya justicia social, mientras existan tan altos niveles de desigualdad, el cual es el gran problema de Chile y origen de su malestar.
Si tomamos en cuenta que datos recolectados por la OCDE muestran que Chile es el país más desigual del grupo y presenta una de las más bajas incidencias de la política pública en la reducción de la desigualdad primaria, no es difícil entender que el Estado sea poco eficiente para corregir la inequidad provocada por el mercado.
En este sentido, el desafío de la sociedad civil está en ser capaces de poner en evidencia la centralidad de la desigualdad, empujar los cambios que requiere el modelo de desarrollo y vigilar que los países incorporen indicadores más ambiciosos en este ámbito, que sirvan de guías con un énfasis puesto en el abordaje integral y estructural del tema.
Hay que recordar que nuestro país adscribió a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, tomándolos como referente para fomentar la dignidad humana, el desarrollo, el pleno empleo, la igualdad entre géneros y el bienestar social, entre otros ámbitos. Es de esperar que estos objetivos sigan siendo eje relevante para el bienestar económico, la responsabilidad medioambiental y la justicia social que nuestro país se merece.
