Opinión
El pasado mes de junio, el Gobierno y los medios de comunicación anunciaron la promulgación de la esperadísima Ley de inclusión laboral para Personas en situación de Discapacidad (PsD), donde se estableció una cuota de reserva del 1% de empleos, en empresas públicas y privadas de 100 o más trabajadores y se deroga la norma que permite que las personas con discapacidad mental puedan percibir salarios menores que el sueldo mínimo.
Si bien este hecho nos pone muy contentos y esperanzados a gran parte desde la sociedad civil, ya que es el punta pie inicial para comenzar a crear una sociedad inclusiva desde sus bases, nos mantiene alertas y preocupados el hecho que si no se redacta un reglamento adecuado para la implementación de esta Ley, lo más probable es que termine en letra muerta o con procesos de inclusión laboral poco eficientes y efectivos, tanto para las personas con discapacidad como también las empresas y organismos públicos sujetos a cumplimiento.
Debido a esto último, Fundación Ronda ha articulado y elaborado con el apoyo de Fundación Probono, la Red Incluye y Comunidad de Organizaciones Solidarias, que en conjunto estas últimas dos suman a más de 260 organizaciones representativas de la sociedad civil, un documento que resume en 10 puntos, varios aspectos claves y relevantes, que creemos que los Ministerios de Trabajo y Previsión Social, Hacienda y Desarrollo Social -que actualmente desarrollan este reglamento- deben considerar en su redacción.
Después de promover harto nuestros 10 mandamientos a considerar en la tan esperada implementación de la Ley de Reservas, aún percatamos que hay puntos que no se han tomado en consideración por lo que es vital que hoy todos usemos nuestra voz en la consulta ciudadana que dura hasta el 18 de Octubre y es en línea desde la página del Servicio Nacional de la Discapacidad.
Uno de ellos es la eliminación del requisito mínimo de octavo básico para postular a empleos en el sector público establecido en los estatutos administrativos. Las “escuelas especiales” no tienen equivalencia con los “estudios tradicionales”, por lo que mantener esta solicitud excluiría a todas las PsD que no han conseguido dicho grado académico.
Otra de ellas, y en el mismo ámbito, tiene relación con las exigencias de compatibilidad de salud para postular a cargos del aparato público. Estas, no pueden guardar relación alguna con la discapacidad del postulante.
Mientras que otro punto relevante a considerar, y que puede influir de gran manera a la efectividad de esta norma, es que se acepte también como mecanismo de validación de si la persona tiene discapacidad, la resolución del COMPIN y se invierta adecuadamente en promover la obtención de la RND – actualmente sólo el 8% de las personas con discapacidad lo tienen – como también en procesos de intermediación laboral. De esta manera podremos asegurar que el match sea adecuado entre los postulantes con discapacidad y el tipo de competencias y funciones requeridas para el cargo y la accesibilidad universal del puesto de trabajo.
Estos puntos, entre otros más, buscan que esta legislación no se transforme en un obstáculo para las empresas y organismos; que no se busque la contratación de PsD sólo por cumplir; y menos aún, que dichas organizaciones encuentren vestigios para sortear de otra manera el cumplimiento de esta normativa.
Hoy todos hablamos de discapacidad o inclusión, seamos realmente empáticos y colaborativos, regalemos unos minutos de nuestro tiempo y expresemos nuestras ideas a favor de que este tremendo primer paso sea poderoso y sólido para estos casi 3 millones de Chilenos.
