Inclusión
Una jornada dedicada a pensar las políticas públicas en relación a la discapacidad, fue el trabajo que realizaron 8 expositores en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile esta semana. Durante el seminario se hablaron de temas como la accesibilidad, el género y las políticas internacionales, y cómo estás deben ser tomadas a cuenta al momento de decidir lo que el país quiere mejorar en cuanto a inclusión.
Con la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos de las personas con Discapacidad, Chile asumió un compromiso, que de apoco se va cumpliendo. En el seminario «Políticas Públicas Internacionales Inclusivas” buscó generar un diálogo sobre la dirección que deben tomar las políticas públicas para poder avanzar y alcanzar la inclusión.
Para el profesor Gregorio Pérez, organizador de la actividad, la convención a través de su definición de inclusión permite de forma más completa. «La inclusión social es el resultado de políticas públicas inclusivas, que permiten materializar las ideas de un grupo humano y social» dice Pérez. Por lo que para él, la importancia de este tipo de actividades es generar conversación, que la gente se cuestione y que potencialmente cambie, entendiendo así que cambio de Chile en materia de inclusión viene de la mano de las políticas públicas de la participación ciudadana.
Al respecto el profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Walter Sánchez, destacó el cambio que se ha generado en el extranjero, el cual esta claro en el programa de la ONU llamado «Agenda 2030», en el cual se «instala la visión de que no se determina el progreso de una ciudad por su cantidad de rascacielos, sino la atención a los más vulnerables (…) la participación de las sociedades locales es fundamental y como academia, como instituto nos hacemos cargo de esta tarea”.
Gracias a los compromisos que el país ha adquirido en el extranjero, se han visto avances como la Ley de Inclusión para Discapacitados (Ley 20.422), que obliga que los bienes de uso público administrados por el Estado o municipalidades, deben ser modificados para ser accesibles y utilizables de forma autónoma por todas las personas.
Pero aún quedan falencias.
La abogada Paula Silva comentó como la ley condena a las personas con algún tipo de discapacidad. «La regla general es la capacidad jurídica, es que la discapacidad y la incapacidad jurídica no son sinónimos», comentó Silva. Además añadió que la actual ley chilena «se está en una situación de todo o nada o, está declarada la interdicción y se pierden un montón de derechos y alguien administra tu vida por ti o no estás declarado en interdicción y no recibes ayuda». Por ende, según Silva, el desafío es encontrar el punto medio que permita la independencia, pero que a la vez se permita ayudar en el cuidado de la persona.
El género también viene a jugar un papel en la falta de inclusión, así al menos lo entiende el profesor de la Universidad de Chile, Rodolfo Morrison. «Es difícil de verlo, porque existen políticas para mujeres, y para discapacitados, pero no existe quien piense exclusivamente en este grupo de mujeres discapacitadas que tienen necesidades diferentes a las de los hombres», agrega Morrison.
Pero una de las principales falencias que identificaron los panelistas es la actitud de los chilenos. El egoísmo y el individualismo no permiten ver al otro y empatizar, pero tampoco caer en medidas paternalistas.
