Opinión
Para nadie debe ser sorpresa los cambios demográficos que ha experimentado nuestro país. Hoy nuestra población es considerablemente más vieja que hace dos décadas atrás. El aumento sostenido en el tiempo de la población mayor de 60 años nos sitúa, como sociedad, frente a nuevos desafíos de cómo abordar este fenómeno.
Las cifras son concluyentes: para el año 2005 la población que sobrepasaba los 60 años de edad comprendía el 7,9 %, correspondiente a 1.290.181 personas. Diez años después este grupo etario superaba los 3 millones de personas, siendo el 17,6% de la población total, según los datos entregados por la encuesta Casen 2015. Este mismo instrumento muestra el índice de envejecimiento, donde se observa que por cada 100 menores de 15 años, existen 86 personas adultas mayores. ¿Por qué debería alertarnos esto? Porque en 1990 este mismo índice era de 35,4 personas mayores por cada 100 menores de 15 años. Sí, la realidad es que Chile casi ha triplicado su índice de envejecimiento en 25 años.
Al parecer esta nueva realidad no fue advertida del todo en el pasado, pues hoy estamos viviendo un acalorado debate sobre el sistema de pensiones que no ha dado el ancho prometido. Sin embargo esto es sólo la punta del iceberg. Las problemáticas relativas a los temas de vejez son de carácter multidimensional, por lo que el primer desafío es abrir este abanico y no centralizarlo en un único elemento. Las necesidades de los adultos mayores transitan en temas de salud, pensiones, alimentación, vivienda, envejecimiento activo, esparcimiento y recreación, inclusión e igualdad de derechos, trabajo, seguridad, entre otras.
Sin embargo, ante tantas necesidades la institucionalidad actual difícilmente pueda responder de forma satisfactoria. Hoy las políticas en el área de vejez se amparan en el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), creado por la ley N° 19.828, y en una serie de decretos orientados a aprobar fondos públicos para los programas relacionados y así nutrir la institucionalidad existente. Esta ley no hace más que definir las facultades y organización del servicio que guiará las políticas públicas de envejecimiento y adultos mayores.
Países con altas tasas de envejecimiento como Japón, vienen trabajando hace más de 20 años en políticas que permitan un envejecimiento pleno y saludable, con bienestar y calidad de vida. Y no es necesario mirar tan lejos para darnos cuenta que el camino debe ser otro. Hoy, países de nuestra misma región como Brasil, Colombia y Paraguay han dado reconocimiento explícito a los derechos de la vejez al otorgarle rango constitucional, garantizando que el Estado resguarde los derechos de las personas adultas mayores.
Así es como la realidad nos muestra la necesidad imperante de avanzar a favor de nuestras personas mayores. Nuestra apuesta es hacerlo a través de un enfoque basado en derechos, que abandone aquella visión tradicional de vulnerabilidad sobre la vejez, para apuntar hacia el empoderamiento de la población adulto mayor como titulares de derecho, con garantías y obligaciones, donde sean tratados sobre la base del respeto y la dignidad humana y así permitir una mejor integración con el resto de las generaciones.
Y por sobre todo recordar que llegar a la etapa de vejez no es una limitante en sí misma, por lo que es deber de todos como sociedad contribuir a que las oportunidades de integración y realización de las personas adultas mayores sean reales, donde su calidad de vida y dignidad no sean menoscabadas. Aún estamos a tiempo, no nos quedemos atrás, pensar la vejez es avanzar.
